Córdoba, Ver.— A unos días del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) ha recibido tres solicitudes de intervención en la región de Córdoba por presuntos casos en los que el acceso de estudiantes a las escuelas fue condicionado al pago de cuotas.

Dos de las intervenciones permitieron resolver la situación y garantizar el ingreso de los alumnos, mientras que un tercer caso permanece pendiente debido a la falta de información precisa para que el organismo pueda actuar.

Julio César Matus Sánchez, delegado regional de la CEDHV en Córdoba, advirtió que el derecho a la educación no puede depender de la capacidad económica de las familias ni del pago de una aportación solicitada al momento de la inscripción.

El tema ocurre en medio de la política anunciada por la gobernadora Rocío Nahle García, quien en las últimas semanas ha endurecido su postura contra cualquier cobro que se convierta en requisito para ingresar o permanecer en una escuela pública.

El pasado 24 de agosto, Nahle pidió incluso colocar lonas visibles en los planteles para informar a madres y padres de familia que no deben existir cuotas de inscripción obligatorias. La instrucción surgió luego de recibir reportes sobre cobros y falta de espacios en algunas instituciones educativas.

La apuesta del gobierno estatal, según las propias cifras oficiales, busca eliminar el costo económico como una barrera para continuar los estudios. Desde diciembre de 2024 fueron eliminadas las cuotas de inscripción en instituciones tecnológicas y universidades públicas estatales, una medida que representó la condonación de 359.5 millones de pesos y permitió el acceso de más de 8 mil jóvenes a estudios profesionales.

El impacto también se ha reflejado en la demanda. En el Instituto Tecnológico de Huatusco se registraron 2 mil 500 estudiantes adicionales de nuevo ingreso para el ciclo 2026-2027, una cifra que rebasó la capacidad de sus instalaciones y llevó al Gobierno del Estado a analizar la apertura de un turno vespertino e incluso la construcción de nuevas aulas.

Para Matus Sánchez, los casos detectados en Córdoba requieren atención inmediata. En dos de ellos se logró intervenir antes de que se formalizara una queja, mientras que en el tercero será necesario conocer el plantel, la fecha, las circunstancias y la identidad de la persona afectada.

La región de Córdoba se suma así a una discusión que ha escalado en Veracruz: las escuelas enfrentan necesidades económicas, pero las aportaciones de padres de familia no pueden transformarse en una condición para ejercer un derecho.

El delegado llamó a las familias que enfrenten situaciones similares a solicitar la intervención de la CEDHV a través del número 800-260-2200 o acudir ante la Secretaría de Educación de Veracruz.

Con el regreso de cerca de 2 millones de estudiantes a las aulas y más de 25 mil planteles en la entidad, el reto será que la gratuidad anunciada desde el gobierno estatal no se quede solamente en las lonas colocadas a la entrada de las escuelas.

NM