Xalapa,Ver.- Recursos por alrededor de 280 millones de pesos relacionados con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) fueron transferidos a través de inmobiliarias y agencias de publicidad antes de llegar a profesores y trabajadores, detectó la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

El secretario de Finanzas, Miguel Reyes Hernández, informó que por estas operaciones el Gobierno de Veracruz presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), por posibles delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con el funcionario, los recursos eran administrados por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C., asociación que participaba en el manejo de fondos de la UPAV. La revisión permitió identificar que el dinero no llegaba directamente a quienes prestaban servicios para la universidad, sino que era transferido entre distintas empresas antes de utilizarse para cubrir pagos.

Modus operandi: pago de salarios como “publicidad”

Reyes Hernández explicó que el mecanismo detectado consistía en que los recursos recibidos por la fundación eran enviados a una inmobiliaria, posteriormente a una segunda empresa y finalmente a una agencia de publicidad, desde donde se realizaba la dispersión a los docentes.

“Una persona que trabajaba en UPAV, le pagaban a través de una agencia de publicidad con honorarios, su concepto era pago de publicidad”, ejemplificó.

El funcionario señaló que esta situación deberá ser investigada por las autoridades ministeriales para determinar el origen y destino final de las partidas, así como establecer las probables responsabilidades delictivas.

Evasión de obligaciones laborales y avance de las denuncias

Según lo expuesto por el secretario, el esquema de dispersión también evitaba que los trabajadores y docentes mantuvieran una relación laboral directa con la casa de estudios. Esto libró a la UPAV de asumir obligaciones de ley, como el reconocimiento de antigüedad, al recurrir a intermediarias ajenas a la institución.

 “Es una red, digamos, de complejidad, efectivamente, que se está o se debe investigar (...) Nosotros ya cumplimos con lo que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación”, sostuvo.

Reyes Hernández evitó precisar nombres de presuntos responsables o afirmar que la totalidad del monto constituya un ilícito, recalcando que corresponderá a los ministerios públicos determinar el alcance del caso.

AC