Xalapa, Ver. - La empresaria xalapeña Rosa María Martínez López denunció públicamente un presunto uso de influencias por parte de Ivette Orozco Lara para intentar despojarla de un predio ubicado en la comunidad de El Chico, municipio de Emiliano Zapata.

También afirmó que ella y su familia viven en un ambiente de temor debido a las amenazas que, asegura, ha enfrentado durante más de cuatro años de litigio.

En conferencia de prensa, la empresaria señaló que decidió hacer públicas sus acusaciones luego de que, según relató, el pasado 20 de julio se registró un despliegue de patrullas estatales, personas encapuchadas y drones en las inmediaciones de su domicilio.

Martínez López consideró que la movilización fue intimidatoria y aumentó su preocupación por su seguridad y la de su familia.

La empresaria aseguró haber presentado denuncias penales y solicitado medidas de protección. También afirmó que ha sido objeto de una campaña de desprestigio mediante publicaciones difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación.

SEÑALA A EXSERVIDORA PÚBLICA

La denunciante sostuvo que Ivette Orozco Lara fue servidora pública y trabajó en distintas administraciones estatales. Mencionó que, durante el conflicto legal, presumía contar con el respaldo de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Veracruz.

Entre los nombres que mencionó se encuentran Eric Cisneros Burgos, Enrique de Jesús Nachón García, Édgar Spinoso Carrera y Ricardo Ahued Bardahuil, por lo que pidió a las autoridades investigar si existió algún tipo de protección institucional.

Recordó que en enero de 2023 presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de fraude, abuso de confianza, falsedad ante la autoridad, uso de documento falso y amenazas.

En ese expediente también solicitó medidas de protección para ella y su familia, mencionó.

La empresaria rechazó las versiones que la relacionan con un supuesto “Cártel Inmobiliario”, al sostener que el conflicto corresponde únicamente a un litigio civil derivado de la adquisición legal de un terreno.

Afirmó que cuenta con escrituras, comprobantes de pago y demás documentación para acreditar la propiedad.

Explicó que recibió el predio como pago de una deuda de Antonio Hernández Basurto, amigo de su esposo, y que posteriormente realizó diversas inversiones en el inmueble.

Indicó que el litigio comenzó cuando Ivette Orozco promovió un juicio con el argumento de que desconocía la venta de la propiedad.

Sobre los hechos del 20 de julio, relató que las patrullas permanecieron cerca de 45 minutos frente a su domicilio, mientras drones sobrevolaban la zona y personas encapuchadas permanecían en el lugar.

Señaló que en ese momento se encontraban dentro de la vivienda su madre, una adulta mayor, su nieta y otros familiares, quienes permanecieron resguardados por temor.

Añadió que cuenta con videos del despliegue y que ha solicitado información para conocer quién ordenó la movilización policial, sin que hasta ahora haya recibido respuesta.

Finalmente, hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que se investiguen las presuntas amenazas, el operativo denunciado y cualquier posible intervención de servidores públicos en un conflicto que, afirmó, debe resolverse exclusivamente por la vía legal.

JRG