Xalapa, Ver. - La exjueza Angélica Sánchez Hernández prepara una reclamación para exigir una indemnización al Estado de Veracruz por los daños que, asegura, le ocasionaron los procesos penales promovidos en su contra por la Fiscalía General del Estado, luego de que un juez determinó no vincularla a proceso en cumplimiento de un amparo federal.

Sánchez Hernández informó que, junto con su equipo jurídico, prepara la demanda por la vía administrativa para reclamar la reparación de los daños laborales, patrimoniales y morales que atribuye a la actuación del Ministerio Público.

Aunque responsabilizó políticamente a la exfiscal Verónica Hernández Giadáns y al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez de la persecución penal en su contra, reconoció que una eventual indemnización tendría que ser cubierta por el Estado y no por los exfuncionarios.

“Yo podré acudir a diversa vía para que se me indemnice. No se los van a cobrar a ellos de su bolsillo. Será el Estado de Veracruz”, expresó.

HAY PRECEDENTES

La exjueza explicó que la estrategia jurídica se sustenta en un criterio reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual establece que las personas pueden reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando acrediten una actuación irregular del Ministerio Público que les haya causado un daño.

Precisó que no basta con haber obtenido una resolución favorable en un proceso penal, sino que será necesario demostrar que la Fiscalía actuó fuera del marco legal, que existió un perjuicio cuantificable y que este derivó directamente de esas irregularidades.

Entre los daños que buscará acreditar mencionó los salarios que dejó de percibir, la interrupción de su carrera judicial, la afectación a su futura jubilación, los gastos de su defensa legal y el daño moral derivado de su detención.

“Yo actualmente tengo 60 años. Este tiempo que me hicieron perder de mi trabajo debe ser resarcido con una indemnización”, sostuvo.

La exjueza fue detenida en 2023 después de ordenar el cumplimiento de un amparo federal que permitió la liberación de Itiel “N”, alias “Compa Playa”.

La Fiscalía la acusó de diversos delitos por esa determinación; sin embargo, tribunales federales concluyeron que su actuación se ajustó a derecho y concedieron un amparo que derivó en la no vinculación a proceso.

Pese a ello, Sánchez Hernández señaló que aún mantiene abiertos diversos litigios para impugnar las sanciones administrativas y las inhabilitaciones que le fueron impuestas por el Poder Judicial, por lo que su eventual regreso a la judicatura dependerá del resultado de esos recursos.

Además, acusó que actualmente existe un ambiente de presión sobre los jueces en Veracruz, al señalar que personal de áreas administrativas interviene para influir en resoluciones judiciales y condicionar la permanencia de quienes no atienden esas directrices.

“Ya no hay independencia judicial. La plenitud de jurisdicción solamente quedó en el papel”, afirmó.

JRG