Xalapa, Ver. - Desde hace tres semanas, el Congreso de Veracruz analiza una iniciativa para imponer de cuatro a nueve años de prisión a quienes presenten denuncias falsas contra personal educativo, un tema que ha generado debate nacional por sus posibles efectos en la protección de docentes y en el derecho de las víctimas a denunciar.

La iniciativa fue presentada por el diputado local de MORENA, José Reveriano Marín Hernández, quien propone castigar a quienes presenten de manera dolosa denuncias basadas en hechos falsos contra docentes, directivos y personal de apoyo de instituciones educativas.

El legislador argumentó que los maestros desempeñan un papel fundamental en la formación de niñas, niños y jóvenes, pero en los últimos años han enfrentado un aumento de agresiones, amenazas y acusaciones infundadas que, además de afectar su integridad y reputación, repercuten en el ambiente escolar y en el derecho a la educación.

Indicó que en Veracruz se han registrado casos en los que trabajadores de la educación han sido denunciados falsamente, situación que, afirmó, evidencia la necesidad de fortalecer las garantías legales para quienes desempeñan esta labor y generar condiciones que favorezcan una convivencia respetuosa dentro de los planteles.

¿QUÉ PROPONE LA INICIATIVA?

La propuesta contempla adicionar el artículo 333 Bis al Código Penal del Estado de Veracruz para sancionar a quienes presenten intencionalmente denuncias o quejas basadas en hechos inexistentes ante autoridades administrativas, judiciales o encargadas de la supervisión profesional.

Además de la pena de prisión, la iniciativa plantea imponer multas de entre 100 y 500 días de salario mínimo a quienes incurran en este tipo de conductas, al considerar que las acusaciones falsas dañan la imagen profesional de los trabajadores de la educación y pueden afectar su desempeño laboral.

Marín Hernández sostuvo que la reforma también busca garantizar el debido proceso al personal educativo, de manera que cuente con un procedimiento justo cuando sea objeto de una denuncia.

Añadió que, en caso de comprobarse que las imputaciones fueron falsas, deberán existir mecanismos para reparar el daño causado a su reputación profesional.

JRG