Xalapa, Ver. -La renovación de las magistraturas y juzgados que no fueron sometidos a votación durante la elección judicial de 2025 se realizará hasta 2028, luego de que el Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que modifica las reglas para elegir a las personas juzgadoras.

El dictamen, promovido por la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, fue avalado con 36 votos a favor y seis en contra durante un periodo extraordinario de sesiones.

Con los cambios, las magistraturas y juzgados pendientes se elegirán en junio de 2028 y quienes resulten electos asumirán el cargo el 1 de septiembre de ese año.

Permanecerán ocho años en funciones, aunque dos magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial tendrán una duración de cinco años.

La reforma también extiende hasta septiembre de 2028 el periodo de las y los magistrados cuyos nombramientos concluían en 2027, con el fin de que permanezcan en funciones hasta que asuman sus sustitutos.

Durante el debate, legisladores de oposición criticaron las modificaciones al considerar que evidencian fallas en la reforma judicial impulsada por Morena.

REFORMA FALLIDA, ACUSA OPOSICIÓN

La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ana Rosa Valdés Salazar, calificó el dictamen como “la reforma de una reforma fallida”, mientras que Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional cuestionaron que los cambios garanticen la autonomía del Poder Judicial.

En contraste, la mayoría legislativa defendió que los ajustes responden a la experiencia obtenida durante la primera elección judicial y buscan armonizar la Constitución estatal con la reforma federal.

Uno de los principales cambios establece que los votos ya no serán contados en centros de cómputo, sino directamente en las casillas donde sean emitidos, como ocurre en las elecciones constitucionales.

Además, el proceso se realizará de manera simultánea con las elecciones de 2028 y será organizado por el Organismo Público Local Electoral. El Tribunal Electoral de Veracruz deberá resolver las impugnaciones antes de la toma de protesta.

La reforma también modifica el mecanismo para integrar las candidaturas. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrán proponer hasta dos aspirantes por cada cargo.

Cada poder deberá conformar un comité de evaluación integrado por especialistas en materia jurídica, quienes revisarán los perfiles, aplicarán las evaluaciones y definirán las candidaturas que aparecerán en las boletas.

Entre los nuevos requisitos se encuentran la presentación de un ensayo que justifique la postulación y cinco cartas que respalden la trayectoria y la idoneidad de cada aspirante.

Otro de los cambios incorpora evaluaciones obligatorias para juezas y jueces durante su primer año en funciones.

El Tribunal de Disciplina Judicial revisará su desempeño y podrá ordenar procesos de capacitación cuando detecte deficiencias.

El decreto también establece que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, cuyo periodo concluye en 2027, será ocupada de manera provisional por una magistrada o magistrado designado por el Pleno hasta agosto de 2028.

Posteriormente, la Presidencia recaerá en la persona que obtenga la mayor votación en la elección judicial.

Finalmente, el Congreso fijó como plazo el 31 de agosto de este año para aprobar las reformas a las leyes secundarias que permitirán implementar las nuevas reglas y preparar la elección judicial de 2028.

JRG