Xalapa, Ver. - La sentencia de 70 años de prisión contra Marlon “N” por el feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán marcó uno de los casos más emblemáticos de acceso a la justicia en Veracruz. Sin embargo, la realidad para la mayoría de las víctimas es distinta, pues nueve de cada 10 feminicidios en el estado permanecen impunes.

Así lo advierte el estudio “Perpetuar la violencia contra las mujeres: impunidad en casos de desaparición, trata de mujeres y feminicidios en México”, elaborado por la Universidad Iberoamericana Puebla, el cual señala que entre 2019 y 2023 Veracruz registró 89 por ciento de impunidad en los casos de feminicidio.

El porcentaje supera el promedio nacional, que alcanza 72.9 por ciento, y coloca a Veracruz entre las entidades con peores resultados en el acceso a la justicia, solo por debajo de Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Jalisco y Guerrero.

La reciente condena por el feminicidio de Monse Bendimes representa una excepción dentro de ese panorama. Tras escuchar la sentencia, su madre, Cecilia Roldán, aseguró que, después de más de cuatro años de lucha, finalmente había llegado la justicia.

SENTENCIAS INSUFICIENTES

Para las investigadoras de la Ibero Puebla, resoluciones como esta son relevantes porque envían un mensaje de rechazo a la violencia feminicida y contribuyen a reducir la impunidad, aunque advierten que todavía son insuficientes frente al número de casos que permanecen sin resolverse.

El estudio sostiene que las sentencias emitidas con perspectiva de género representan un avance dentro de un sistema de justicia que aún enfrenta prácticas de violencia institucional y obstáculos para investigar los feminicidios con la debida diligencia.

Además, señala que una condena no solo implica castigar al responsable, sino también reconocer la lucha de las familias de las víctimas, garantizar su derecho a la verdad y avanzar hacia la reparación integral del daño.

Entre los principales retos para combatir la impunidad, las investigadoras identifican la necesidad de fortalecer las investigaciones con perspectiva de género, incorporar a las familias durante los procesos y eliminar las barreras institucionales que dificultan el acceso a la justicia para las víctimas indirectas.

JRG