Xalapa, Ver. - La solicitud de declaración de procedencia presentada contra el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, ante el Congreso local el pasado martes aún deberá pasar por varias etapas antes de que las y los diputados determinen si le retiran o no el fuero constitucional.

La declaración de procedencia es el mecanismo mediante el cual el Congreso decide si un servidor público pierde la protección constitucional para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado penalmente por la autoridad competente.

El expediente ya fue turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, las cuales cuentan con un plazo de tres días para elaborar un dictamen previo sobre la solicitud enviada por la autoridad ministerial.

Si las comisiones consideran que existen elementos para continuar con el procedimiento, el expediente será remitido a la Comisión Permanente Instructora, órgano encargado de desahogar el proceso legislativo.

En esa etapa se abrirá un periodo de pruebas y alegatos, durante el cual tanto la autoridad solicitante como el alcalde podrán presentar los elementos que consideren pertinentes para sustentar sus argumentos.

Concluida esa fase, la Comisión Instructora elaborará un dictamen que será enviado al Pleno del Congreso, donde las y los diputados deberán votar si procede o no retirar el fuero al presidente municipal.

La solicitud contra Raúl González Martínez deriva de la presunta omisión de su administración al no presentar el Plan Municipal de Desarrollo, obligación que incumplió únicamente el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste entre los 212 municipios de Veracruz.

Por ese motivo, el Congreso dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que posteriormente promovió el pedimento de declaración de procedencia.

ANTECEDENTE: EL CASO DE “EL MARIACHI”

En el Congreso de Veracruz ya existe un antecedente de este procedimiento. En 2025, el Congreso recibió una solicitud de declaración de procedencia contra el entonces diputado local Antonio de Jesús de la Cruz, conocido como “El Mariachi”, acusado por la Fiscalía General del Estado de presuntos delitos relacionados con el ejercicio de su cargo.

En ese caso también se siguió la ruta prevista en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Veracruz. El expediente fue turnado a comisiones, posteriormente a la Comisión Instructora y finalmente llegó al Pleno, donde los legisladores resolvieron sobre la petición ministerial.

Ahora, el Congreso deberá repetir ese procedimiento para determinar si existen elementos suficientes para retirar el fuero al alcalde de Ixhuatlán del Sureste y permitir que enfrente el proceso penal correspondiente.

JRG