Xalapa, Ver. -La gobernadora Rocío Nahle García envió al Congreso del Estado una iniciativa para liquidar de manera anticipada la deuda bursátil que mantienen 199 municipios veracruzanos desde 2008, planteando que el Gobierno estatal absorba el 75 por ciento del saldo pendiente y la totalidad de las primas por amortización.

La propuesta, denominada Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero para la Liquidación Anticipada de la Deuda Bursátil Municipal, busca extinguir los compromisos financieros contratados durante la administración de Fidel Herrera Beltrán y sustituirlos por un esquema que, según el documento, tendría un menor costo para los ayuntamientos.

De acuerdo con la iniciativa, los municipios únicamente cubrirían el 25 por ciento restante del adeudo mediante descuentos a las participaciones federales que reciben de manera periódica. El nuevo mecanismo plantea concluir los pagos a más tardar en 2030, seis años antes del vencimiento previsto actualmente.

MUNICIPIOS PAGARÍAN 4.8 MMDP

En la exposición de motivos, el Ejecutivo estatal argumenta que la mayor parte de la deuda está ligada a las Unidades de Inversión (UDI), cuyo incremento en los últimos años ha provocado que el saldo pendiente siga creciendo. Mientras en 2008 la UDI tenía un valor de 4.17 pesos, actualmente supera los 8.80 pesos.

La iniciativa señala que el saldo insoluto proyectado para julio de 2026 asciende a mil 267 millones de pesos. Además, advierte que, si la deuda continúa bajo las condiciones actuales hasta 2036, los municipios terminarían pagando al menos 4 mil 839 millones de pesos.

El documento enviado al Congreso refiere que los 199 ayuntamientos involucrados ya aprobaron en Cabildo su incorporación al esquema propuesto por el Gobierno estatal.

Como condición para acceder al programa, los municipios deberán destinar los recursos que se liberen por concepto de ahorro financiero a obras de infraestructura, equipamiento urbano, inversión pública productiva y fortalecimiento de servicios públicos.

La Secretaría de Finanzas y Planeación será la encargada de vigilar el uso de esos recursos. En caso de detectar que los ahorros son utilizados para fines distintos a los autorizados, el municipio podría perder los beneficios contemplados en el programa.

La propuesta será analizada por el Congreso local en los próximos días.

JRG