Xalapa, Ver. - La historia de Alina Mariel Narciso Tehuaxtle, una policía municipal originaria de Córdoba que fue condenada a 45 años de prisión tras defenderse de una agresión de su pareja se convirtió en el principal antecedente de la iniciativa presentada en el Congreso de Veracruz para reformar el Código Penal en materia de legítima defensa para mujeres víctimas de violencia.

La propuesta fue presentada por la diputada local morenista, Astrid Sánchez Moguel durante la octava sesión ordinaria del Congreso del Estado, bajo un esquema inspirado en lo que actualmente se conoce como Ley Alina.

Alina fue atacada su pareja en Tijuana, Baja California el 12 de diciembre de 2019 en Tijuana, Baja California, cuando ambos eran policías en ese municipio. De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, la mujer repelió con un disparo una agresión feminicida, sin embargo, fue procesada y posteriormente condenada a 45 años de prisión por el homicidio doloso de Luis Rodrigo Juárez Arillano.

La sentencia provocó cuestionamientos sobre la manera en que autoridades ministeriales y judiciales analizan casos de mujeres que actúan en contextos de violencia de género, particularmente cuando responden para proteger su vida.

Alina fue absuelta tres años después, en 2023, y su caso se convirtió en un precedente que impulsó reformas similares en entidades como Baja California y Tamaulipas.

MODIFICARÍAN LA LEY

Ahora, la iniciativa presentada en Veracruz busca modificar el Código Penal para el Estado de Veracruz para establecer la presunción de legítima defensa en casos donde mujeres enfrenten agresiones físicas, sexuales o feminicidas, trasladando la carga de la prueba hacia las autoridades.

La propuesta también plantea eliminar sanciones en casos donde la víctima actúe bajo estados de miedo, terror o confusión derivados de la violencia sufrida, al considerar que esos factores afectan su capacidad de reaccionar racionalmente durante una agresión.

Además, contempla protección legal para terceras personas que intervengan en auxilio de mujeres víctimas de violencia.

Uno de los puntos centrales de la reforma es obligar a jueces y fiscalías a analizar antecedentes de violencia y contextos previos, y no únicamente el hecho aislado por el que una mujer termina procesada penalmente.

La diputada Astrid Sánchez Moguel sostuvo en la exposición de motivos que el caso de Alina evidenció criterios judiciales que no consideran las dinámicas de violencia de género en las que viven muchas mujeres antes de responder a una agresión.

En el Congreso del Estado también fue presentada recientemente una iniciativa similar por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, quien propuso incorporar al Código Penal la figura de legítima defensa con perspectiva de género.

La legisladora planteó que las autoridades presuman legítima defensa cuando exista un contexto acreditado de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o de control, y que los casos sean juzgados con perspectiva de género para evitar que mujeres que actuaron para proteger su vida enfrenten procesos penales sin considerar el entorno de violencia sistemática y reiterada en el que ocurrieron los hechos.

La iniciativa de Astrid Sánchez Moguel fue presentada con la adhesión de las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y fue turnada a las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género.

JRG