El dirigente nacional del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, mandó una solicitud a tres dependencias del gobierno de los Estados Unidos para solicitar que declaren organización terrorista al partido Morena.

También envió un documento al Instituto Nacional Electoral (INE) para que le retiren el registro al partido guinda por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Ayer, en conferencia de prensa, el también senador plurinominal por el PRI refirió que mandó al Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro estadunidenses la solicitud para declarar a Morena una organización terrorista.

Aseguró que se llevará a cabo una gira internacional para denunciar el presunto nexo entre Morena y los cárteles del narco mexicano.

“Cualquier persona que tenga trato con organizaciones terroristas puede ser sancionada por el gobierno de Estados Unidos (…) el brazo político del partido Morena son los cárteles del crimen organizado”, sostuvo, sin mostrar prueba o denuncia alguna.

 

 

 

 

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Alito Moreno, acusado de diversos crímenes

Antes de ser dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno se desempeñó como gobernador de Campeche de 2015 a 2019, año en que pidió licencia para competir por la presidencia nacional del tricolor, que ganó. También ha sido tres veces diputado federal y senador en dos ocasiones, por la vía plurinominal.

Tras su periodo como gobernador de Campeche se le señaló de desvió de recursos. El líder priista tiene 13 propiedades que asegura valen 12.9 millones de pesos (mdp), pero solo una de ellas, una mansión en Lomas del Castillo, quedó valuada por la Fiscalía de aquel estado en 130 mdp y su mobiliario otros 50 mdp.

En 2022 la Fiscalía General del Estado le abrió una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. Aunque se solicitó su desafuero, la petición se desechó.

Ese mismo año la actual gobernadora del estado, Layda Sansores, exhibió un audio en que se escucha a Alejandro Moreno decir “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”.

En 2025 la Fiscalía Anticorrupción campechana volvió a solicitar su desafuero, ya que lo señaló de peculado y desvió de 83.5 mdp durante su periodo como gobernador. A la fecha 11 exfuncionarios de su administración quedaron vinculados a proceso por enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y lavado de dinero.