Xalapa, Ver.— La jefa del Departamento de Estadística Catastral de la Dirección General de Catastro y Valuación, Litzy Rubí Ronzón Montiel, denunció haber sido presionada, retenida y agredida físicamente por la directora de la dependencia, Rachel Guadalupe Hernández Domínguez, para obligarla a firmar una renuncia voluntaria.

El caso se dio a conocer luego de que en redes sociales circulara un video en el que presuntamente se observa a la directora intentando impedir que la funcionaria abandonara la oficina con el documento sin firmar.

En la grabación también se escucha a Hernández Domínguez insistir en que firmara su salida laboral.

“No va a haber liquidación… fírmalo, por favor, esto es por las buenas”, se escucha decir.

Cuando Ronzón Montiel responde que revisará el documento antes de tomar una decisión, la directora presuntamente le bloquea la salida y la sujeta del brazo.

“¿Me puede soltar? Me está lesionando”, reclama la trabajadora en el video.

“No te estoy lesionando”, responde la funcionaria.

La afectada aseguró que hasta ahora no ha recibido una explicación formal sobre las causas de su despido, por lo que considera que se trata de un cese injustificado.

Relató que los hechos ocurrieron el pasado lunes, alrededor del mediodía, tras concluir una reunión de trabajo.

“Todos salieron y me dejaron sola con la directora. Me puso el documento enfrente y me dijo que lo firmara, que ya no me presentara y que regresara hasta el día 15”, narró.

También señaló que le llamó la atención que la supuesta renuncia voluntaria ya tenía fecha del 15 de mayo, pese a que el encuentro ocurrió días antes.

Según su versión, al negarse a firmar, la directora reaccionó de manera agresiva.

“Se me fue a los golpes, me lastimó el brazo. Lo tengo lesionado en este momento. Todo quedó grabado”, sostuvo.
Ronzón Montiel afirmó que intentó salir de la oficina, pero no se lo permitieron hasta entregar o firmar el documento.

Posteriormente, dijo, ingresaron subdirectores de la dependencia que le recomendaron aceptar la renuncia.
La trabajadora adelantó que procederá legalmente y exigió que, en caso de concretarse su salida, se le cubran las prestaciones correspondientes conforme a la ley.

Asimismo, hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García y al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, para intervenir en el caso.

También pidió apoyo a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al asegurar que teme por su seguridad y la de su familia.

“Me dijo que esto era por las buenas. Entonces me da miedo pensar cómo sería por las malas”, expresó.