Boca del Río, Ver.- Desde su campaña rumbo a la alcaldía de Boca del Río, Maryjose Gamboa Torales advirtió que uno de sus objetivos sería revisar la concesión que la Compañía de Agua de Boca (CAB) posee desde el 15 de diciembre de 2017 a través de una firma entre el ayuntamiento y la empresa Acciona.

La postura de la actual alcaldesa respalda las quejas de cientos de usuarios sobre el servicio que les brinda la concesionaria, a la que señalan por tener un trabajo deficiente, tarifas abusivas y agua de mala calidad.

Maryjose Gamboa protagonizó una confrontación con CAB el pasado miércoles 29 de abril, cuando abandonó una mesa de trabajo con representantes de la empresa. La munícipe rechazó una propuesta de la compañía para incrementar las tarifas del servicio de agua potable y saneamiento. 

Un año antes, durante la campaña rumbo a las elecciones de 2025, la presidenta municipal ya había solicitado a las diputadas y diputados locales del Congreso del Estado de Veracruz una revisión del contrato que ostenta la compañía.

“Lo que me toca hacer, ya lo hice. Mandé un oficio hace ya un par de días al congreso local para que se revise la concesión de grupo CAB y, si no cumplen como le tienen que cumplir a los boqueños, que se vayan. Ya está en manos de ellos, que tienen el poder absoluto para poder hacerlo”, dijo en mayo de 2025.

Ya como presidenta municipal de Boca del Río, en enero de 2026, Maryjose Gamboa le entregó personalmente a los directivos de CAB más de tres mil quejas ciudadanas por la mala calidad del servicio y cobros excesivos de la empresa.

"Hoy tenemos asamblea con CAB y vengo a darle voz a los más de tres mil boqueños que se ven afectados y desatendidos por esta empresa. 

Hace ocho meses solicité al congreso local la revisión de esta concesión; hoy vengo a poner en la mesa la falta de infraestructura, los hundimientos en las calles, las fugas y la mala calidad del agua a cambio de un precio muy alto”, declaró.

La alcaldesa anunció el pasado 29 de abril que se vio obligada a abandonar una reunión con directivos de CAB que pretendían aumentar las tarifas de agua en el municipio y que, además, le prohibieron transmitir parte del encuentro en redes sociales.

En un video que posteriormente subió a sus redes sociales, narró parte del desencuentro y dijo que está en contra del aumento al costo del agua. También criticó que la empresa le prohibiera transmitir la reunión, toda vez que su administración fijó una postura de transparencia desde el inicio.

"Ese es el meollo y quieren subir las tarifas de agua y eso no lo voy a permitir de ninguna manera. Entonces, bueno, pues será como ellos quieran", advirtió.

La Compañía de Agua de Boca (CAB) emitió el martes 5 de mayo un comunicado, en el que aclaró que no cuenta con atribuciones para subir el costo de las tarifas.

“Conforme al Título de Concesión otorgado a CAB para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, esta empresa concesionaria no tiene atribución alguna, ni voluntad discrecional, para ajustar de manera unilateral las tarifas correspondientes a dichos servicios.

Los únicos ajustes tarifarios realizados desde el inicio de nuestras operaciones han correspondido a lo establecido en el Título de Concesión sin objeción del H. Ayuntamiento de Boca del Río y las autoridades competentes”, aclara la empresa.

CAB tiene concesión del agua por 30 años

La Compañía de Agua de Boca (CAB) entró en funciones el 1 de enero de 2018. La concesión fue otorgada previamente, el 15 de diciembre de 2017, durante la administración municipal del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez.

El título de concesión se firmó entre el Ayuntamiento de Boca del Río y la empresa Acciona Agua, en un contrato establecido por 30 años.

Maryjose Gamboa dio a conocer el pasado lunes 4 de mayo que, mediante sesión extraordinaria de cabildo, se aprobó turnar un oficio al Congreso del Estado de Veracruz para solicitar una auditoría a la Compañía de Agua de Boca (CAB) a través del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado de Veracruz.

“Dicha auditoría deberá ser de carácter técnico, financiero, de legalidad y de desempeño, abarcando el periodo comprendido del año 2018 al 2025, con el firme propósito de verificar la adecuada aplicación y transparencia de los recursos públicos, así como la observancia del interés de la ciudadanía”, expresó entonces.