Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) tras acreditar actos de tortura cometidos por elementos de la Policía Ministerial en contra de Diego Fernando Bonilla, persona indígena Ñuhü originaria de la Sierra Norte.

De acuerdo con el organismo, los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2023, cuando el joven acudió a declarar ante la Fiscalía Itinerante de Huayacocotla tras atestiguar un homicidio en su comunidad, El Pericón, ubicada en el municipio de Texcatepec. 

El joven señaló que en ese lugar fue  agredido y obligado a incriminar a otra persona, además de ser forzado a firmar hojas en blanco que posteriormente se utilizaron para fabricar una declaración.

La recomendación 17/2026, emitida el 16 de abril de este año, concluye que Diego Fernando fue arbitrariamente privado de la libertad y sometido a tortura, hechos documentados bajo el Protocolo de Estambul. Asimismo, determinó que la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura no realizó una indagatoria diligente, ya que el caso fue cerrado en 2025 sin agotar las líneas de investigación.

Ante ello, la CEDHV pide a la FGE que garantice la reparación integral del daño, que incluye atención médica y psicológica con enfoque intercultural, así como reabrir y conducir de manera efectiva la investigación contra los agentes señalados. También recomienda implementar medidas institucionales, como la capacitación en derechos de los pueblos indígenas.

El caso fue acompañado por el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organizaciones que hicieron un llamado a la fiscalía para aceptar y cumplir la recomendación, al considerar que representa una oportunidad para combatir la impunidad y prevenir la repetición de este tipo de violaciones.

Veracruz se mantiene entre las entidades con mayor incidencia en este delito. Según el Registro Nacional del Delito de Tortura, entre 2019 y 2025 se iniciaron mil 594 investigaciones en el estado, que además concentra el mayor número de víctimas a nivel nacional, con cuatro mil 813 casos documentados.

Organizaciones defensoras advirtieron que la tortura es una práctica persistente, especialmente en perjuicio de personas indígenas, por lo que insistieron en que la aceptación de la recomendación enviaría un mensaje claro contra estas violaciones a derechos humanos en la entidad.