Xalapa, Ver.– Julio López Calvario, dirigente del Sindicato Democrático Estatal de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (SDET-COBAEV), rechazó este lunes 20 de abril cualquier vínculo con la presunta venta de plazas al interior de la institución. En conferencia de prensa, el líder sindical sostuvo que los señalamientos son parte de una estrategia para debilitar al gremio y deslindó a la organización de las acusaciones de fraude que han trascendido de forma extraoficial en días recientes.

Acompañado por su comité y su representante legal, Juan José Llanes Gil del Ángel, López Calvario aclaró la situación de Estela Soreth Lendechy Jácome, señalada en el caso. Explicó que, aunque fue electa como secretaria de Prensa en noviembre de 2024, nunca ejerció el cargo y presentó su renuncia el pasado 2 de marzo por motivos personales, asegurando que el sindicato desconocía cualquier conducta indebida por parte de la exintegrante.

Cuestionan monopolio en asignación de vacantes

El dirigente sindical aprovechó el espacio para señalar que el problema de fondo reside en el contrato colectivo del sindicato mayoritario (SUITCOBAEV). Afirmó que existe una cláusula que condiciona los ingresos laborales exclusivamente a propuestas de dicho grupo, práctica que el SDET-COBAEV ha denunciado por más de dos décadas al considerarla un obstáculo para la transparencia y el mérito profesional en el Colegio de Bachilleres.

Como prueba de este bloqueo institucional, presentó un oficio de Recursos Humanos con fecha del 27 de febrero de 2026, donde se rechazan propuestas laborales de su gremio. López Calvario advirtió que la permanencia de estos privilegios sindicales fomenta un entorno propicio para irregularidades, por lo que reiteró su compromiso de seguir promoviendo acciones legales para eliminar dichas cláusulas y garantizar procesos de ingreso equitativos.

Disposición ante investigaciones de la Fiscalía

Pese a que el sindicato no ha sido requerido formalmente por las autoridades, el líder manifestó su total disposición para colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) en caso de abrirse una indagatoria. Trascendió que al menos tres personas habrían sido víctimas de fraude con pagos que oscilan entre los 150 mil y 300 mil pesos por espacios administrativos, aunque los afectados han optado por el anonimato por temor a represalias.

López Calvario hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar formalmente cualquier acto ilícito y exhortó a las autoridades a profundizar en las investigaciones para limpiar el nombre de la organización. Finalmente, reafirmó que no cederán ante campañas de difamación y que continuarán con la defensa de los derechos humanos y laborales de sus agremiados frente a lo que calificó como un sistema de asignación viciado.

AC