Xalapa, Ver. – La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que su administración realizó una reestructura de parte de la deuda pública estatal, mientras que la oposición demandó transparentar a fondo las condiciones y el impacto de estas operaciones financieras.

La mandataria estatal informó este miércoles que el gobierno trasladó créditos de Banobras a BBVA México, con el objetivo de reducir el costo financiero, al pasar de tasas cercanas al 13 por ciento a aproximadamente 7 por ciento.

Detalló que este movimiento fue formalizado y registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de pago de pasivos heredados de administraciones anteriores.

“Se hizo el cambio para bajar intereses y mejorar las condiciones de la deuda; estamos trabajando en desendeudarnos de manera ordenada”, señaló.

Nahle García aseguró que su gobierno mantiene disciplina financiera y evitó contratar nueva deuda. Además, destacó que en lo que va del año se han destinado cerca de mil 900 millones de pesos al pago de pasivos, dentro de un plan proyectado a cinco años.

EXIGEN TRANSPARENCIA

Sin embargo, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano pidió que se hagan públicos los detalles completos del refinanciamiento.

Su dirigente, Luis Carbonel de la Hoz, exigió a la Secretaría de Finanzas y Planeación explicar con claridad las condiciones, alcances y consecuencias de los nuevos compromisos financieros.

De acuerdo con información consultada en registros federales, el gobierno estatal habría concretado contratos por más de 4 mil 800 millones de pesos con BBVA México mediante esquemas de refinanciamiento que se extenderían hasta el año 2040.

El líder partidista advirtió que, aunque se argumenta una mejora en tasas de interés, la ampliación de plazos y el uso de participaciones federales como garantía obligan a una explicación técnica más amplia.

“Se necesita saber si realmente habrá ahorros o si solo se está trasladando la carga financiera a futuro”, señaló.

Finalmente, insistió en que no basta con registrar los movimientos ante instancias federales, sino que se debe informar de manera transparente cómo impactarán estas decisiones en las finanzas del estado y en los recursos públicos a largo plazo.

JRG