La titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito con sede en Coatzacoalcos, Alejandrina Maldonado Martínez, ordenó la implementación inmediata de medidas para frenar el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

La jueza advirtió que, de ser necesario, podrían haber suspensión de operaciones petroleras para evitar que continúe el daño ambiental en la zona costera.

La jueza concedió una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 337/2026. El recurso fue promovido por Juan Carlos Atzin Calderón, representante de la asociación civil “En el Corazón está el Cambio”, ante la presunta omisión de autoridades federales para atender la emergencia. 

La medida cautelar tiene como objetivo detener las causas que originan el derrame de hidrocarburos y evitar que la contaminación continúe expandiéndose en el litoral del Golfo de México.

Con base en lo que determinó la jueza, se contempla la posible clausura temporal de pozos, instalaciones o incluso la paralización del transporte de hidrocarburos si las actividades están vinculadas con la afectación ambiental. 

Se exigieron acciones de remediación en las zonas afectadas, incluyendo la limpieza de playas, la restauración de ecosistemas como manglares y áreas marinas.

Además, se busca la protección de la fauna silvestre. Entre las especies que serían resguardadas se encuentran delfines, tortugas y manatíes, con el fin de evitar daños adicionales derivados tanto del derrame como de las labores de contención. 

El resolutivo establece que tanto autoridades como empresas responsables deberán actuar de manera inmediata para reparar el daño ambiental. Asimismo, se advierte que las acciones implementadas no deben generar impactos secundarios que agraven la situación ecológica.

La jueza solicitó a diversas instancias federales —entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)— un informe preliminar en un plazo de 48 horas sobre las medidas adoptadas.

La titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito con sede en Coatzacoalcos, además, señaló que se deberá presentar un informe justificado en un máximo de 15 días. La audiencia constitucional fue programada para el 9 de junio de 2026. (BRLH)