Xalapa, Ver. — Un juez del distrito judicial de Xalapa declaró culpable al exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto Aguirre Garza, por un delito relacionado con desaparición de personas, derivado de irregularidades en el manejo de restos humanos hallados en la barranca de La Aurora en 2016, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

La resolución fue emitida este 31 de marzo dentro de la causa penal J-104/2024, derivada de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/10°/169/2016. El juez de enjuiciamiento Roberto Santos Maldonado Morales concluyó que se acreditó la responsabilidad penal del exfuncionario en perjuicio de David Lara Cruz.

Tras el fallo condenatorio, el juzgado fijó para el 8 de abril de 2026 a las 15:00 horas la audiencia en la que se determinará la pena que deberá enfrentar el exservidor público, así como el monto de la reparación del daño.

Los hechos se relacionan con el hallazgo de restos humanos en la barranca de La Aurora, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, donde el 19 de enero de 2016 fueron localizados restos correspondientes a 19 personas.

Entre ellos se encontraba el policía estatal David Lara Cruz, quien días antes, el 12 de enero, acudió a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Xalapa para presentar evaluaciones de control y confianza.

De acuerdo con testimonios integrados en el expediente, el elemento salió de su domicilio para asistir a dichas pruebas y posteriormente habría sido retenido por integrantes de la corporación, sin que existiera registro oficial de su detención.

Posteriormente, las autoridades informaron a sus familiares que el cuerpo había sido localizado en una carretera rumbo a Alto Lucero. Sin embargo, documentos de la investigación indican que el cadáver ya había sido encontrado previamente en la barranca de La Aurora, junto con otros restos.

OCULTÓ HALLAZGO

Las indagatorias señalan que, tras el hallazgo, Aguirre Garza fue notificado de la localización de los cuerpos y presuntamente ordenó levantar todos los restos, pero reportar oficialmente solo seis cadáveres.

Además, se documentó que, aunque el cuerpo de Lara Cruz fue identificado mediante pruebas dactiloscópicas, se dispuso trasladarlo a la localidad de Santa Ana, en Alto Lucero, para registrar ese lugar como el sitio del hallazgo.

El caso ha sido acompañado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización que señaló que el proceso busca esclarecer las irregularidades en el registro oficial de los cuerpos y las circunstancias posteriores a la desaparición del policía.

La organización recordó que durante años la familia de la víctima ha exigido conocer la verdad sobre lo ocurrido, tanto respecto a la desaparición como al manejo de los restos tras su localización.

JRG