Xalapa, Ver.- A casi cinco años del asesinato de los menores Eduardo y Jonathan en Amatlán de Los Reyes -presuntamente a manos de expolicías de la extinta Fuerza Civil- familiares y organizaciones de derechos humanos exigieron avances en las investigaciones.

A través de un comunicado, los afectados acusaron que durante años las autoridades estatales habrían actuado con complicidad y encubrimiento, por lo que pidieron castigo a todos los responsables.

De acuerdo con el documento, las familias sostienen que tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) -a cargo de la extinta Fuerza Civil- como la Fiscalía General del Estado protegieron a los responsables del crimen, lo que ha retrasado el acceso a la justicia. 

El mensaje fue dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (Ceeaiv), al gobierno de Veracruz y a la población de Amatlán de los Reyes.

Los familiares de Eduardo y Jonathan señalan que durante el gobierno anterior se sostuvo públicamente la versión de que los hechos fueron resultado de un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado.

Las familias recuerdan que, además del asesinato de los menores en julio de 2021, los elementos involucrados habrían modificado la escena del crimen y cometido actos de intimidación contra personas que se encontraban en el lugar.

Entre las víctimas de estas agresiones, mencionan a una mujer adulta mayor, tres familias, una mujer embarazada y un niño de cinco años, quienes presuntamente sufrieron actos de violencia física y psicológica.

También acusan que a los familiares de los menores se les impidió el acceso al lugar de los hechos y se les negó información de lo ocurrido. En el comunicado cuestionan que, pese a las acusaciones de tortura y abuso de autoridad, no existan carpetas de investigación por esos hechos. 

Asimismo, critican que la Secretaría de Seguridad Pública prometió iniciar procesos internos contra los elementos de la Fuerza Civil que participaron en el operativo, pero hasta ahora, afirman, continúan protegiendo a los responsables.

Las familias señalan que, aunque han denunciado públicamente los riesgos y amenazas que enfrentan desde 2021, únicamente dos de los más de diez expolicías que habrían participado en el operativo han sido detenidos.

En el mismo documento exigieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos resolver la queja presentada por las familias por presuntas violaciones graves a derechos humanos. 

Recordaron que desde 2023 se informó que la resolución estaba en proceso, pero hasta ahora no se ha emitido ninguna recomendación contra las autoridades involucradas.

Las familias de las víctimas manifestaron que continúan viviendo con temor, pues aseguran que ninguna autoridad se ha acercado para brindarles protección.

Señalan que los hermanos menores de Eduardo y Jonathan viven con miedo al acudir a la escuela y que la presencia de patrullas de la SSP cerca de su domicilio genera preocupación.

El comunicado fue firmado por familiares de los menores y diversas organizaciones, entre ellas Red Unidos por los Derechos Humanos A.C., el Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz A.C., Colectiva Mujeres que Luchan Xalapa, así como colectivos de búsqueda y organizaciones sociales. (BRLH)