Xalapa, Ver.– La presidenta de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, informó que al interior del organismo se detectó un monto cercano a 25 millones de pesos que no cuentan con comprobación documental.

Los recursos habrían sido utilizados en distintos apoyos y diligencias, pero carecen de respaldo administrativo.

En entrevista en Xalapa, la funcionaria explicó que el monto corresponde al periodo revisado tras asumir el cargo en septiembre pasado, con corte en diciembre.

“Cuando llegué e hicimos el corte encontramos que había alrededor de 25 millones de pesos que, sin duda, se utilizaron para diligencias, pero que no tienen soporte documental porque no hay comprobación”, señaló.

Matzumoto Benítez precisó que el hecho de que esos recursos no estén comprobados no significa que se hayan desviado, sino que no existe la documentación que respalde formalmente su uso, situación que ahora se busca regularizar conforme a la normatividad.

La titular del organismo subrayó que, si en administraciones anteriores no se exigía la comprobación de los gastos, esa situación no corresponde a su gestión. “Si antes no se hacía, será responsabilidad de quienes estuvieron antes. Mi deber es cumplir con lo que establece la norma”, expresó.

No hay cambios en reglas de operación, afirma

En entrevista, Matzumoto Benítez explicó que las reglas de operación no han sido modificadas, sino que se está solicitando a las personas beneficiarias que comprueben el uso de los recursos otorgados, conforme a los lineamientos vigentes para el manejo de fondos públicos.

Indicó que durante revisiones internas se detectaron casos en los que no se presentaron comprobaciones de gastos por periodos prolongados, incluso de hasta un año.

Ante ello, dijo, se implementó un mecanismo que calificó como “sencillo” para regularizar la situación administrativa.

Buscan garantizar transparencia

La titular del organismo subrayó que la medida tiene como finalidad garantizar un manejo transparente de los recursos, sin que esto implique la suspensión o cancelación de apoyos para víctimas y sus familias.

Aseguró que continúan realizándose diligencias, acompañamientos jurídicos y búsquedas de personas desaparecidas, por lo que rechazó que exista un retroceso en la atención institucional.

También recordó que las reglas para la comprobación de recursos existen desde administraciones anteriores, aunque reconoció que en muchos casos no se aplicaban de manera estricta.

Apertura al diálogo

Finalmente, la funcionaria reiteró que la comisión mantiene disposición al diálogo con los colectivos inconformes, con el objetivo de aclarar dudas sobre la comprobación de apoyos y fortalecer la coordinación institucional.

Confió en que, mediante mesas de trabajo, se puedan resolver los señalamientos y garantizar tanto la continuidad de los apoyos como la transparencia en su aplicación.

AC