Veracruz, Ver.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos federales transferidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz durante el 2024, en la gestión de Verónica Hernández Giadáns.

Según las observaciones emitidas este miércoles 18 de febrero por la ASF, habría un daño patrimonial por 35 millones 366 mil 900 pesos correspondiente al periodo en que Hernández Giadáns fungió como fiscal general del estado. 

El monto observado representa el 27.1 por ciento de la muestra auditada, que ascendió a 130.5 millones de pesos de recursos provenientes de Participaciones Federales etiquetadas para gasto en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles. 

El Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 concluyó que la fiscalía de Veracruz no pudo acreditar el uso de los recursos conforme a la legislación vigente ni a su propia normativa interna. 

Pagos a profesionistas sin título y presuntos desvíos en gasolina, entre las observaciones de ASF

Entre las anomalías identificadas por la ASF destacan pagos a personal sin la documentación requerida y uso de combustible fuera de normas y territorio.

Se detectaron pagos por más de 12.6 millones de pesos a 34 trabajadores que ocupaban puestos que exigían título o cédula profesional, sin que acreditaran contar con dichos documentos ante la institución.

En cuanto al combustible, la auditoría halló gastos con registros de cargas efectuadas antes de la vigencia de los contratos y en 28 entidades fuera del estado de Veracruz, por un monto superior a un millón de pesos, sin documentación que respaldara viajes oficiales. 

También se detectaron unidades no registradas y asignaciones indebidas. Se documentaron cargas de combustible por cerca de 654 mil pesos para vehículos que no figuran en el padrón vehicular de la Fiscalía de Veracruz.

También se detectó la compra de unidades que terminaron asignadas a áreas distintas a las autorizadas en los dictámenes originales por más de 8.9 millones de pesos. 

En el informe se detallan pagos no justificados por servicios de impresión y otras adquisiciones que no cumplieron con los términos establecidos en los contratos. 

“La Fiscalía General del Estado de Veracruz no se ajustó a la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones y servicios personales”, se le en el informe.

Debido a ello, la ASF promovió acciones administrativas y legales para que la Fiscalía de Veracruz aclare el destino de los recursos o, en su caso, proceda a su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Hasta el momento, la FGE estatal no ha emitido una respuesta oficial sobre estas observaciones ni sobre el posible reintegro de los recursos cuestionados.

Estas presuntas irregularidades se dan a menos de dos meses de la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, quien dejó el cargo en diciembre de 2025. Su salida se dio tras ser aprobada la reforma que permite remover a la fiscal de Veracruz. (BRLH)