Xalapa, Ver.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los nuevos señalamientos contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos dirigidos a sectores vulnerables, constituyen “un fraude y un delito”, luego de que la Fiscalía General de la República promoviera una nueva acusación penal por peculado.

Al ser cuestionada sobre el avance del caso y los recursos legales que la Fiscalía ha señalado como maniobras para retrasar el proceso, la mandataria recalcó que la conducción del expediente corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales y judiciales.

Indicó que, una vez presentada la denuncia, es la Fiscalía la que integra la carpeta de investigación y solicita las medidas ante un juez, mientras que será el Poder Judicial quien determine la situación jurídica del exmandatario, sin intervención del Ejecutivo federal.

Al referirse a las acusaciones relacionadas con el uso de fondos públicos para salud, Sheinbaum sostuvo que se trata de hechos graves por el destino social del dinero presuntamente desviado, al tratarse de recursos etiquetados para atender necesidades médicas de la población.

Recordó que bajo el esquema del Seguro Popular, la federación transfería partidas a los gobiernos estatales para la compra de medicamentos y tratamientos, por lo que cualquier uso distinto representaba una afectación directa a pacientes.

Nuedo delito imputado a Javier Duarte

De acuerdo con la nueva imputación, Duarte estaría relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de un fondo destinado a personas en condición vulnerable en 2012, por lo que un juez ordenó prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento.

Durante la audiencia, la representación ministerial explicó que el mecanismo habría consistido en mezclar recursos de distintas fuentes federales y estatales en varias cuentas para dificultar su seguimiento financiero, práctica conocida dentro de la investigación como triangulación de fondos.

El exgobernador veracruzano permanece en prisión por una condena previa por lavado de dinero y asociación delictuosa. Esta nueva causa se tramita de manera independiente y, de avanzar a sentencia condenatoria, podría incrementar el tiempo que permanezca privado de la libertad.