Xalapa, Ver.— Un caso ocurrido hace 14 años volvió a exhibir presuntas prácticas de abuso, tortura e irregularidades judiciales en Veracruz, luego de que la defensa de una joven estudiante denunciara que permanece encarcelada por una equivocación atribuida a autoridades ministeriales.

El abogado Fausto Vicente Torres Pérez dio a conocer que en la causa penal 05/2024 se documentan violaciones graves a derechos humanos cometidas contra dos hermanos originarios de Minatitlán, detenidos originalmente en febrero de 2012 en la congregación de Mapachapa.

De acuerdo con el litigante, agentes de la entonces Policía Ministerial ingresaron de forma violenta al domicilio de Zureyma “X” y Erick “X”, a quienes confundieron con una pareja identificada como Berta y Daniel, señalada por las autoridades como presunta responsable de robos y homicidios en el sur de Veracruz.

A pesar de que ambos jóvenes acreditaron ser hermanos y no coincidir con las personas buscadas, fueron privados de la libertad.

La defensa sostiene que durante la detención los estudiantes fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluyeron agresiones físicas severas, violencia sexual y la aplicación de descargas eléctricas.

Las secuelas, afirmó el abogado, fueron tan graves que Erick perdió la vida dos años después como consecuencia de las lesiones sufridas durante su detención.

El caso permaneció fuera del escrutinio público durante varios años y recobró vigencia el pasado 7 de enero de 2026, cuando Zureyma fue detenida nuevamente en un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Ministerial. Según la defensa, la aprehensión se realizó sin que se presentara orden judicial.

“Está privada de su libertad sin sustento legal. No existen pruebas suficientes que justifiquen su detención”, señaló Torres Pérez, quien advirtió que la joven está siendo revictimizada por un sistema que previamente había reconocido inconsistencias en su identificación.

SEÑALAN A JUEZ

La defensa también cuestionó la actuación del juez del sistema tradicional en Coatzacoalcos, Eleuterio Malpica Núñez, a quien acusó de mantener el procedimiento pese a que en el expediente existen señalamientos documentados de tortura.

Ante este panorama, el equipo jurídico exigió la aplicación independiente del Protocolo de Estambul para documentar formalmente las agresiones sufridas por Zureyma y solicitó su liberación inmediata, al considerar que las imputaciones actuales carecen de sustento legal y perpetúan una injusticia que se arrastra desde hace más de una década.

JRG