Xalapa, Ver.- La Secretaría de Gobierno de Veracruz presentó una denuncia formal contra un trabajador por el presunto uso indebido de sellos oficiales, como parte de las investigaciones en torno a posibles irregularidades en trámites registrales y notariales, informó el titular de la dependencia, Ricardo Ahued Bardahuil.

El funcionario subrayó que no habrá tolerancia a conductas fuera de la ley dentro de la estructura gubernamental y confirmó que el caso ya fue turnado a las instancias correspondientes para su seguimiento legal.

“Ya presentamos una denuncia contra un trabajador por tener sellos indebidos y estamos trabajando aquí; no vamos a tolerar eso. Nosotros también tenemos personal denunciado porque no toleramos absolutamente nada en este gobierno”, declaró.

Ahued explicó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia de control y depuración institucional, en el contexto de las indagatorias relacionadas con una presunta red de fraudes y despojos inmobiliarios, conocida públicamente como “cártel inmobiliario”, con operaciones detectadas principalmente en la región de Xalapa.

Revisarán notarías en Veracruz

Como parte de estas medidas, desde esta semana comenzaron revisiones individuales a notarías en todo el estado, en coordinación con el Colegio de Notarios, con el objetivo de verificar procedimientos, documentación y la actuación de los fedatarios públicos.

“Hoy mismo se está haciendo. A partir del lunes las revisiones son a las notarías. Han colaborado los notarios y todas las personas que tengan algo que denunciar pueden hacerlo para que actuemos de inmediato”, indicó.

El secretario precisó que anteriormente ya fue retirada una patente notarial que se encontraba abandonada y advirtió que, si se detectan nuevas anomalías, se iniciarán procedimientos que pueden derivar en suspensiones de funciones.

También dio a conocer que se tiene identificado un intento de apropiación irregular de aproximadamente 500 hectáreas en la zona de Perote, asunto que ya forma parte de procesos legales en curso y sobre el cual existen denuncias presentadas.

Además, la dependencia reforzó los controles en el Registro Público de la Propiedad, área que genera más de 300 millones de pesos anuales, y revisa la situación de más de 180 personas que laboran como “meritorios” en oficinas para agilizar trámites, con el objetivo de regularizar y supervisar sus funciones.

Entre las nuevas disposiciones, destacó la prohibición a notarías de validar contratos privados que puedan facilitar despojos patrimoniales, así como la revisión previa de desalojos ordenados por jueces, en coordinación con el Poder Judicial, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, para detectar posibles irregularidades antes de su ejecución.

AC