Xalapa, Ver.— El Gobierno de Veracruz, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), anunció que a partir del 1 de enero de 2026 entrará en vigor el Programa de Abasto Alimentario, el cual otorgará un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales a familias que han sido víctimas de delitos de alto impacto. Este esquema busca mitigar la crisis económica de quienes enfrentan situaciones de desaparición, secuestro o feminicidio, garantizando el acceso a la canasta básica durante el periodo de emergencia.

Las reglas de operación, recientemente publicadas, establecen que este apoyo se entregará de forma temporal y bajo una estricta supervisión de la Comisión. El objetivo primordial es contribuir al gasto familiar en materia de nutrición, por lo que los beneficiarios directos serán aquellas víctimas que se encuentren en el Registro Estatal de Víctimas y que no cuenten con otros sustentos similares por parte de autoridades estatales o federales.

Reglas y gestión del beneficio

Para acceder al recurso, las familias de las víctimas deberán designar a un representante legal que realice los trámites ante la Comisión. La duración de la ayuda no será permanente; un estudio de trabajo social determinará por cuánto tiempo se requiere el apoyo según la vulnerabilidad de cada núcleo familiar. Aunque el monto base es de 2 mil pesos, este podría incrementarse en casos excepcionales previa autorización de la Secretaría Técnica.

Es importante destacar que el dinero debe destinarse exclusivamente a necesidades alimenticias. La Comisión obliga a los beneficiarios a comprobar el gasto mediante tickets o facturas en un plazo máximo de 30 días. Si se detecta que el apoyo fue utilizado para fines distintos a la canasta básica o si se proporciona información falsa, el beneficio será retirado de manera inmediata para proteger la transparencia del programa hacia las víctimas.

Obligaciones y transparencia

La normativa del programa señala que cualquier cambio en datos bancarios debe notificarse por escrito. Asimismo, se contempla la baja voluntaria del sistema o la suspensión del apoyo si la familia comienza a recibir ayudas equivalentes de otros fideicomisos. Con estas medidas, la Comisión busca asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente atraviesan una situación de emergencia por delitos como la privación ilegal de la libertad, reafirmando el compromiso del Estado con la reparación a las víctimas en Veracruz.

AC