Córdoba, Ver.— La agricultura domina la extracción de agua en Veracruz, con más de siete mil 985 concesiones que suman mil 226 millones de metros cúbicos anuales, según datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

El sector agrícola veracruzano, que sostiene cultivos como caña, café, maíz y cítricos, depende críticamente de este recurso. Sin embargo, el alto volumen de extracción genera vulnerabilidad ante sequías y el cambio climático, advierte el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).

Después de la agricultura, le siguen en consumo el uso doméstico, con mil 290 millones de metros cúbicos al año (126 permisos) y la industria, con 631 millones de metros cúbicos al año (367 concesiones).

La situación se complica con la identificación de 14 pozos clandestinos en municipios como Actopan, Atoyac, Cosamaloapan, Paso de Hidalgo y Tuxpan. Todos con sanciones económicas pendientes, aunque sin especificar el destino del agua extraída ilegalmente.

Esta concentración ocurre mientras defensores ambientales denuncian que la nueva Ley General de Aguas, aprobada por el Congreso de la Unión, podría agravar la crisis hídrica del país.

La Ley General de Aguas está incompleta: activista 

Para Edmundo Reyes, activista de la Coordinadora de los Pueblos en Defensa del Río Atoyac, estos problemas reflejan deficiencias estructurales que la nueva legislación no resuelve.

"Las autoridades afirman que sobra el agua en nuestra región, pero no hablan de la calidad. El 70 por ciento del agua dulce en el país está contaminada", señaló Reyes, quien junto a Enedino Nava ha defendido el río durante más de 16 años.

Los activistas critican que la propuesta legislativa carece de mecanismos para preservar bosques, montañas y zonas de recarga natural, indispensables para mantener acuíferos.

Además, denuncian aplicación selectiva de la ley: mientras empresas clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúan operando, campesinos son sancionados con multas y decomisos de bombas por extraer agua para riego.

"Se está legislando desde los escritorios, con criterios alejados de la realidad de cada cuenca", acusó Reyes, quien recordó que existían propuestas más integrales como la del movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida, basada en problemáticas regionales y participación ciudadana.

La presión hídrica se evidencia también en los 15 distritos de riego estatales, con mil 130 millones de metros cúbicos al año autorizados, y 18 concesiones para energía eléctrica que extraen más de seis mil 046 millones de metros cúbicos al año de aguas superficiales.

Los defensores del Atoyac insisten en que cualquier legislación debe construirse desde las cuencas, no desde el centro del país. 

"El Congreso tiene la oportunidad de elaborar una ley que realmente cuide el agua, pero solo será posible si escuchan al pueblo", concluyeron, advirtiendo que continuarán movilizados: "No buscamos confrontación, buscamos vida. Sin agua no hay futuro".

(BRLH)