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Uber y Didi desploman 60% ingresos de taxistas en Córdoba, acusan
Córdoba, Ver.— Transportistas de Córdoba y de municipios de la zona centro del estado de Veracruz demandaron a las autoridades estatales que frenen de manera inmediata la operación de vehículos particulares sin concesión, incluidos aquellos que funcionan a través de aplicaciones como InDrive, Uber y Didi.

Claudia Elizabeth Hernández Siles, presidenta del Comité Directivo Estatal del Movimiento Nacional Transportista en Veracruz, encabezó una reunión con el delegado regional de Transporte Público, a quien expuso que la presencia de unidades irregulares causó una reducción de hasta un 60 por ciento en los ingresos de los taxistas de la zona conurbada de Córdoba.
“Lo que pedimos es que realmente exista un orden. Al rato todo mundo va a querer ser prestador de un servicio y eso transgrede nuestros derechos y pone en riesgo al usuario”, señaló Hernández Siles.

La dirigente señaló que Córdoba y Paso del Macho son los municipios más afectados. En ellos hay entre 10 y 15 vehículos particulares que operan sin permisos, sin pólizas de seguro para servicio público y sin cumplir los lineamientos legales vigentes.
Los transportistas pidieron que el gobierno estatal defina con claridad los criterios para detectar y sancionar a quienes realizan esta actividad fuera de la ley.
“Queremos que el gobierno establezca bien cómo se va a determinar la presencia de esta gente que realiza la misma actividad”, dijo la lideresa.

También rechazaron el argumento de que la operación de autos de apps como InDrive, Uber y Didi se trata de un “servicio privado”, pues, afirmaron, la existencia de un cobro lo convierte en un servicio público regulado.
“Toda actividad remunerada es un servicio público (…) Esta situación prácticamente nos viene a arrebatar nuestro sustento”, enfatizó.
La organización respalda los operativos implementados en la región, donde ya fueron detenidas varias unidades irregulares, pero insiste en que estas acciones deben mantenerse de forma permanente y con plazos definidos para una regularización completa.
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