Xalapa, Ver.- Tres ciudadanos estadounidenses recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Poza Rica fueron víctimas de tortura durante su detención y dentro del penal, denunció la abogada penalista y defensora de derechos humanos, Perla del Carmen Morales Solano.

La abogada responsabilizó al Congreso del Estado, a la gobernadora Rocío Nahle y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por omisión en el cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La litigante explicó que los tres extranjeros fueron detenidos en noviembre de 2022 y se les imputan los delitos de privación ilegal de la libertad y atentados contra las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, aseguró que desde el momento de su arresto fueron golpeados, amenazados y obligados a declarar bajo coacción, sin contar con la asistencia consular ni con traductores que garantizaran el debido proceso.

Morales Solano detalló que las agresiones no terminaron tras su detención. Los tres hombres, dijo, han denunciado extorsiones, maltratos físicos y psicológicos dentro del penal, donde se les habría exigido el pago de “cuotas” para recibir alimentos, medicamentos o permitirles las visitas de familiares.

Acusó que pese a las quejas formales, la autoridad penitenciaria y la fiscalía no han iniciado ninguna investigación interna.

“La ley es clara: ante una denuncia de tortura, el Ministerio Público debe ordenar de inmediato la aplicación del Protocolo de Estambul que consiste en la elaboración de dictámenes médicos y psicológicos especializados. Sin embargo, hasta hoy esto no ha ocurrido”, señaló la abogada.

De acuerdo con la defensora, la vista por los hechos de tortura fue presentada en mayo de 2024, pero las autoridades estatales han sido omisas.

A casi tres años de su detención, los tres estadounidenses continúan en prisión preventiva sin sentencia, situación que la abogada calificó como una violación grave a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia.

Morales Solano afirmó que presentaron un juicio de amparo por omisión legislativa, al considerar que el Congreso del Estado no ha armonizado la legislación local con la Ley General contra la Tortura.

“El Congreso nos responde que no existe omisión y que se trata de una expectativa de Derecho, lo que en términos prácticos significa que debemos ser torturados para que se legisle. Es absurdo e indignante”, expresó.

Finalmente, la abogada exigió que se cree una fiscalía especializada autónoma del órgano encabezado por Verónica Hernández Giadáns, con personal capacitado y recursos suficientes para investigar los delitos de tortura.

“Mientras no exista independencia seguiremos viendo casos como éste: personas extranjeras y mexicanas torturadas, sin atención médica, sin justicia y con autoridades que prefieren mirar hacia otro lado”, advirtió.

(AA)