Xalapa, Ver.— El sábado 1 de noviembre entraron en vigor los decretos que constituyen un fideicomiso público irrevocable de administración, inversión y pagos, destinado a la modernización del sistema de transporte público de pasajeros en Veracruz. La medida, emitida por la gobernadora Rocío Nahle García, busca renovar unidades, reordenar rutas, revisar tarifas y emitir nuevas licencias de conducir para operadores del servicio.

El primer decreto modifica el instrumento jurídico publicado el 9 de abril de 2025, regulando el Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público, y faculta al organismo a:

• Otorgar subvenciones a los concesionarios para renovar unidades.
• Financiar infraestructura relacionada directamente con el servicio público de pasajeros.

Regular el uso no exclusivo de licencias de imagen generadas por el programa de modernización, con valor turístico y urbano.

Entre las nuevas fuentes de financiamiento se incluyen recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET), ingresos por verificación vehicular, así como los derivados de trámites de concesión, refrendo del servicio público y emisión de nuevas licencias.

El segundo decreto autoriza al Estado a reordenar rutas y revisar tarifas, con el objetivo de modernizar el transporte urbano y suburbano, que es el principal medio utilizado por las mujeres. Según el diagnóstico oficial, en 42 municipios —incluyendo Veracruz, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos, Tuxpan y Tantoyuca— las concesiones presentan vehículos con más de 10 años de antigüedad, rutas incumplidas y diversos problemas operativos:

• Tarifas no actualizadas desde 2014, cobradas exclusivamente en efectivo.
• Falta de conductores capacitados.
• Concesionarios foráneos operando rutas urbanas.
• Exceso de concesiones de taxis otorgadas entre 2003 y 2017.

Servicios abandonados en municipios como Poza Rica, Coatzintla, Cardel, Cosamaloapan, Alvarado, Tres Valles y Tierra Blanca.

El Programa de Modernización del Transporte Público se implementará en tres etapas: primero por ciudades o regiones conurbadas, luego por rutas y, finalmente, por concesionarios. Todos los operadores deberán integrarse al nuevo esquema en un plazo máximo de 12 meses.

Entre los objetivos principales del programa destacan:

• Mejorar la movilidad mediante rutas ordenadas, conectividad e inclusión social.
• Revisar tarifas con criterios técnicos, económicos y sociales.
• Impulsar inversión pública y privada en infraestructura, tecnología y operación.
• Implementar medios de pago electrónicos y sistemas de gestión en tiempo real.
• Fomentar la sostenibilidad ambiental mediante unidades híbridas o ecológicas.
• Garantizar seguridad y equidad con personal capacitado y unidades con videovigilancia e iluminación adecuada.
• Promover la identidad cultural y turística de las ciudades veracruzanas.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca modernizar el transporte público, reducir la contaminación, mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar un servicio más seguro, eficiente y ordenado en todo Veracruz.