Córdoba, Ver.– La Fiscalía Anticorrupción del Estado abrió una carpeta de investigación en contra de autoridades municipales de Zongolica y Coetzala, luego de que se denunciara la existencia de un supuesto convenio intermunicipal utilizado, presuntamente, para justificar el gasto de recursos públicos fuera de su territorio legal.

De acuerdo con el abogado Juan Carlos Fernández Zulueta, representante de los denunciantes, ambos cabildos habrían avalado un documento “fabricado” con el propósito de simular una sesión formal.

En ese acto se autorizaría el uso de fondos provenientes del presupuesto de Coetzala para la realización de obras en comunidades pertenecientes a Zongolica.

El convenio nunca fue turnado ni aprobado por el Congreso del Estado, condición indispensable para cualquier colaboración entre municipios. Esta omisión, explicó el litigante, convierte el acuerdo en un acto sin sustento legal y coloca a los involucrados en el terreno de la falsificación y el abuso de autoridad.

La irregularidad se conoció durante la revisión de la Cuenta Pública 2024 donde el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó que parte del gasto en obra pública de Coetzala se ejecutó fuera de su ámbito territorial. Las observaciones señalan un posible daño patrimonial cercano a los 600 mil pesos, cifra que coincide con los proyectos construidos en Zongolica.

Según Fernández Zulueta, la maniobra consistió en elaborar actas y firmas apócrifas para intentar legitimar una decisión que jamás fue discutida en Cabildo.

“No fue un error administrativo, fue una simulación planificada para justificar la aplicación de dinero público en otro municipio”, afirmó.

La denuncia fue interpuesta directamente contra los alcaldes, síndicos y regidores de ambos ayuntamientos, a título personal. El abogado advirtió que los delitos imputados —entre ellos falsificación de documentos oficiales, coalición de servidores públicos y ejercicio indebido del servicio público— podrían derivar en sanciones penales, además de la reparación del daño económico.

La fiscalía ha requerido los documentos originales y solicitará comparecencias de los funcionarios involucrados en las próximas semanas.

Fernández Zulueta adelantó que insistirá en que el caso llegue a instancias judiciales, pues, dijo, “la impunidad solo se rompe cuando se obliga a los servidores públicos a responder ante la ley por cada peso del pueblo mal utilizado”.