Córdoba, Ver.— El gobierno de Claudia Sheinbaum, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), confirmó este miércoles 22 de octubre la licitación pública nacional para construir dos nuevas casetas de cobro.

Tras el anuncio, empresarios, transportistas y alcaldes de la región expresaron su rechazo al proyecto, al considerar que no representa una mejora real para la movilidad, sino un nuevo golpe económico a los usuarios.

Con una inversión estimada de más de 5 mil millones de pesos, el proyecto también contempla la ampliación de los carriles de la autopista Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza.

El denominado “0981 M-MRO Vía rápida Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza”, difundido en el portal oficial Proyectos México, contempla: modernización, rehabilitación y operación de 45.3 kilómetros de esta vía, incluyendo la ampliación de tramos de cuatro a ocho carriles en zonas confinadas.

De acuerdo con datos del Fonadin, este tramo carretero forma parte de la red federal de cuota que conecta el centro de Veracruz con el corredor industrial y comercial de Orizaba y Ciudad Mendoza.

En la plaza de cobro Fortín, el Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) supera los 32 mil 700 vehículos por día, lo que refleja la importancia estratégica de este corredor logístico para el estado.

No obstante, los sectores empresariales han advertido que el proyecto no fue consultado y que la prioridad debería ser mejorar las condiciones de la carretera existente, actualmente afectada por hundimientos, baches y un mantenimiento deficiente.

“No queremos más casetas; lo que urge es una vía segura y moderna, no más cobros que afecten al transporte y al turismo”, expresaron representantes de la iniciativa privada en Córdoba.

Además, transportistas y usuarios frecuentes alertaron que las obras provocarán afectaciones viales severas durante meses y, al concluir, incrementos en los peajes que impactarán directamente los costos de traslado de mercancías y alimentos.

Pese a las inconformidades, la licitación sigue en curso, y en las próximas semanas se dará a conocer la empresa que ejecutará los trabajos.

Mientras tanto, crecería el descontento regional, ante lo que muchos consideran una decisión impuesta desde el gobierno federal bajo el argumento de modernización, pero sin atender las verdaderas necesidades de los veracruzanos. (BRLH)