Xalapa, Ver.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) incurrió en violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, a la verdad y a la búsqueda de víctimas, en un caso de desaparición de dos personas originarias de Coatzintla, presuntamente detenidas por elementos de la Fuerza Civil durante el sexenio de Javier Duarte.

La resolución quedó plasmada en la Recomendación 126/2025, derivada del recurso de impugnación CNDH/1/2024/647/RI, luego de que la FGEV se negara a aceptar la Recomendación 062/2024 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De acuerdo con la CNDH, la Fiscalía sostuvo que la investigación se había realizado “de manera oficiosa, oportuna y exhaustiva”. Sin embargo, el organismo nacional desestimó ese argumento al considerarlo contrario al principio pro persona y carente de evidencia.

La negativa de la FGEV, advirtió la CNDH, mantiene a las víctimas directas e indirectas en un estado de incertidumbre jurídica, perpetuando las afectaciones materiales y legales del caso.

La CEDH había emitido la Recomendación 64/2024 por la desaparición de tres jóvenes ocurrida el 9 de noviembre de 2014 en Coatzintla. En esa resolución, concluyó que la Fiscalía incumplió con su deber de integrar debidamente la investigación, iniciada cuatro días después de la desaparición.

Las madres de las víctimas relataron que, tras denunciar la ausencia de sus hijas y de un joven supuestamente detenido en un operativo de la Fuerza Civil, el Ministerio Público desestimó esa línea de investigación y omitió practicar diligencias básicas previstas en el Acuerdo 25/2011, como el rastreo de cadáveres no identificados o la solicitud de reportes policiales.

La CEDH documentó que pasaron más de seis años antes de que la Fiscalía solicitara formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública un informe sobre la posible participación de agentes estatales, hasta el 14 de abril de 2020.

La CNDH concluyó que esa omisión procesal obstaculizó el acceso a la justicia y a la reparación del daño, y atribuyó responsabilidad a la Fiscalía por desacatar la recomendación local y no adoptar medidas de búsqueda ni diligencia reforzada.