Córdoba, Ver.- Nueve meses pasaron desde que Nancy Portilla sobrevivió a un intento de feminicidio. Su presunto agresor, Tomás Adhair N, fue enviado a resguardo domiciliario a pocos metros de su vivienda debido a que una jueza le varió la medida cautelar dentro del proceso penal que enfrenta.

La jueza Janeth Pérez Caro decidió sustituir la prisión preventiva por un año de resguardo domiciliario con el argumento de que el imputado “presenta problemas psicológicos” y requiere apoyo familiar.

“Vive muy cerca de mí y tengo miedo. La juez no conoce el caso y aun así lo dejó libre. Voy a apelar la resolución, porque es injusta. Yo casi pierdo la vida”, dice Nancy.

De acuerdo con su denuncia, su expareja la golpeó brutalmente y la intentó estrangular el 18 de enero de 2025. Tomás Adhair N fue detenido días después y procesado por intento de feminicidio, delito que, según el Código Penal de Veracruz, puede alcanzar hasta 45 años de prisión.

Su liberación generó críticas de colectivos feministas y organizaciones civiles que señalan revictimización y falta de perspectiva de género en los tribunales.

Veracruz es uno de los estados con mayor incidencia de violencia contra las mujeres en México. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre enero y agosto de 2025 se registraron 46 feminicidios y 13.272 carpetas de investigación por violencia familiar.

La Red Nacional de Refugios reporta además un aumento del 22 por ciento en solicitudes de apoyo de mujeres que denuncian agresiones y no reciben protección judicial o policial efectiva.

“Te cansa que no te escuchen, que te hagan sentir culpable, que te archiven el caso. Pero no pienso callarme. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, lamenta Nancy. 

Mientras el expediente sigue abierto, la víctima vive bajo resguardo familiar. Su agresor, en cambio, permanece en casa, bajo la protección de una medida que —según especialistas— refleja la distancia que aún existe entre la ley y la justicia.