Xalapa, Ver.– El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que cerca de mil 900 millones de pesos correspondientes al seguro institucional de maestros jubilados y pensionados fueron desviados a la llamada “licuadora” de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante administraciones estatales pasadas.

“Es un problema de varias administraciones; son 900 personas las que están reclamando el pago del seguro. Sin embargo, les descontaron el recurso de su salario, se fue a la licuadora y nunca se les integró para el seguro”, admitió el funcionario.

Ahued explicó que el gobierno estatal está revisando los expedientes para confirmar los montos y la autenticidad de cada caso, aunque reconoció que el proceso es complicado por la gran cantidad de afectados y el tiempo transcurrido.

“Son cifras que hay que corroborar. Es muy difícil revisar la veracidad de cada caso, pero sí han sido atendidos”, señaló.

El secretario detalló que la llamada “licuadora” era un mecanismo mediante el cual Sefiplan utilizaba recursos de distintos fondos para otros fines, sin respetar su destino original. “Se quedaba en Finanzas y ese dinero viene de otras administraciones; se trata de mil 900 millones de pesos”, subrayó.

Las declaraciones de Ahued se dieron luego de la nueva protesta de la Unión de Beneficiarios del Seguro de Vida Institucional de Veracruz (UBSIVER), que este lunes se manifestó en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para exigir el pago de los seguros institucionales, adeudados desde hace más de 15 años.

El pasado 2 de octubre, los docentes jubilados también habían bloqueado la calle Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, para demandar una audiencia con la gobernadora Rocío Nahle García y establecer una fecha definitiva para el pago del adeudo.

Durante esa manifestación, los inconformes denunciaron que fueron intimidados por elementos de seguridad, quienes intentaron desalojarlos con equipo antimotines.

“Queremos que la gobernadora nos escuche de viva voz, que nos atienda, porque creemos que tal vez desconoce lo que está ocurriendo. Queremos saber cuándo se van a seguir estos pagos del seguro de vida institucional”, expresó la docente jubilada Rosario Rojas.

Por su parte, la profesora Felisa Castillo lamentó que, tras más de una década de gestiones pacíficas, la respuesta de las autoridades sea a través de operativos policiales.

“Somos personas mayores, viudas, jubiladas, familiares; exigimos ejercer nuestro derecho constitucional de manifestarnos pacíficamente para ser escuchados”, afirmó.