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Congreso de Veracruz aprueba reforma: extorsión será delito grave

  • Alba Alemán
El Congreso de Veracruz aprobó la reforma propuesta por el Senado de la República para que el delito de extorsión sea grave.

Xalapa, Ver.– El Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad la minuta que eleva la extorsión a la categoría de delito grave, lo que permitirá fortalecer su combate en el estado y en el país.

Con 42 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, diputadas y diputados de todas las bancadas (PT, MC, VNU, PVEM, PAN y Morena) respaldaron la reforma que modifica el inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal.

La medida faculta al Congreso de la Unión para crear una Ley General que defina la extorsión, establezca agravantes, delitos relacionados, sanciones y mecanismos de protección para víctimas y testigos. El proyecto había sido avalado previamente en el Senado de la República y ahora continuará su proceso en el Congreso de la Unión.

En julio pasado, la presidenta de México explicó que con estos cambios la extorsión podrá investigarse de oficio, es decir, sin necesidad de que las víctimas presenten una denuncia directa, reduciendo riesgos y presiones. Asimismo, las unidades especializadas en secuestro de las fiscalías estatales atenderán también los casos de extorsión.

Las cifras muestran la urgencia de la reforma. De enero a julio de 2025, las denuncias por extorsión en Veracruz aumentaron 60.7 por ciento, al pasar de 56 a 90 casos, el nivel más alto desde junio de 2024. En 2024, la entidad se ubicó como la tercera con más denuncias de extorsión y cobro de piso en México, con 454 casos registrados en el primer semestre.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que dos de cada tres empresarios veracruzanos han sido víctimas de este delito, que afecta sobre todo a pequeños comerciantes y trabajadores del transporte.

El problema ha tenido consecuencias mortales. En julio de 2025, Irma Hernández Cruz, taxista de 62 años, fue secuestrada y asesinada tras negarse a pagar cuotas de extorsión, un caso que expuso la violencia extrema contra las víctimas y la falta de protección efectiva por parte de las autoridades.