Xalapa, Ver.- Al menos 12 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz recurrieron a la protección del gobierno federal ante los riesgos de seguridad y las agresiones que enfrentan por su labor para localizar a sus familiares.

El informe “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México” de Amnistía Internacional revela que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorporó a colectivos completos en varios estados del país. Veracruz es la tercera entidad con mayor número de incorporaciones.

A nivel nacional, 134 colectivos forman parte del Mecanismo: Michoacán (15), Guanajuato (14), Veracruz (12), Baja California (11), Tamaulipas (11), Jalisco (10), Sonora (9), Estado de México (9) y Guerrero (9).

Según el análisis, las principales agresiones contra buscadoras son las amenazas, además del seguimiento y vigilancia, las agresiones físicas, el asesinato de familiares o colaboradores y, finalmente, los allanamientos en sus domicilios.

El informe también documenta que algunas madres denunciaron la negativa de las autoridades a registrarlas en el mecanismo, lo que afecta la estadística y las deja en mayor vulnerabilidad. El 97por ciento de las mujeres buscadoras reportaron haber sufrido algún tipo de violencia o afectación relacionada con su labor.

“Buscar a una persona desaparecida es una actividad de alto riesgo en México que puede poner en peligro la vida. De 2011 a la fecha, al menos 30 familiares de personas desaparecidas – 16 de ellas mujeres – han sido asesinadas”, señala el documento al advertir que las buscadoras enfrentan un ambiente hostil marcado por la discriminación de género, la estigmatización por alzar la voz y el riesgo permanente de la violencia criminal.

Amnistía Internacional subraya que, aunque la obligación de buscar corresponde al Estado, son principalmente mujeres – madres, esposas, hermanas e hijas – quienes asumieron esta tarea en prisiones, calles, terrenos baldíos y zonas controladas por el crimen organizado, ante la omisión e ineficacia de las autoridades.

Además de la inseguridad, el informe destaca las consecuencias en la salud física y mental de las buscadoras, quienes padecen depresión, insomnio y el deterioro de enfermedades previas. A ello se suma el impacto económico, pues destinan gran parte de sus recursos a la búsqueda, muchas veces a costa de su propia subsistencia, en contextos ya marcados por la pobreza y la precariedad laboral.