Entre diciembre de 2018 y octubre de 2024, México registró 225 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, 42 fueron señalados como ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Estado mexicano, según el monitoreo “Todos sus nombres, Todas sus luchas” de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa).

Durante el periodo denominado de la Cuarta Transformación, la organización documentó 252 atentados contra activistas y 27 en desapariciones.

¿Qué causas defendían?

El informe, presentado en el marco del Día de Muertos de 2024, mencionó que 94 de las víctimas defendían la tierra, el territorio y un medio ambiente sano; mientras que 85 abogaban por derechos civiles y políticos, como la libertad de asociación.

Estas causas representaron el 80 por ciento de los asesinatos, siendo la región Sur-Sureste de México la que concentró la mayor violencia; Oaxaca registró 58 casos, Guerrero 39 y Chiapas 17, sumando el 51 por ciento del total nacional.

Los defensores indígenas, que constituyeron el 62 por ciento de las víctimas (140 personas), enfrentan un riesgo elevado, agravado por el racismo y la discriminación. Además, el 57 por ciento eran campesinos y una persona era afromexicana.

Las desapariciones

En cuanto a las desapariciones, se reportaron 27 casos, de los cuales 23 siguen sin resolverse, 24 fueron asesinadas y sólo cuatro aparecieron con vida.

Destacaron 10 hechos de la comunidad yaqui en Sonora y seis en Oaxaca, incluyendo cuatro mixtecos.

La violencia también afecta a mujeres y personas de la diversidad sexual, con 52 atentados (39 mujeres y 11 de la diversidad asesinadas), lo que representó el 20 por ciento del total. En dos de cada tres casos, los responsables fueron poderes fácticos y autoridades locales, a diferencia de sexenios previos, cuando las autoridades federales eran más señaladas.

Ataques a activistas en Oaxaca durante el gobierno Salomón Jara

Durante los primeros dos años y medio de la administración de Salomón Jara en Oaxaca (diciembre de 2022 a mayo de 2025), la campaña Alas y Raíces reportó 32 asesinatos de personas defensoras.

Estos incluyeron 20 homicidios individuales, una ejecución extrajudicial y cinco ataques grupales que dejaron 11 víctimas fatales.

Además, se registraron 44 agresiones individuales y 70 actos contra comunidades, organizaciones o movimientos sociales, con el 50 por ciento relacionados con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto señalado como catalizador de la violencia en la región.

El monitoreo “Oaxaca entre la criminalización, la violencia y la defensa comunitaria” destacó que el 86 por ciento de las víctimas eran indígenas.

También se documentaron 166 conflictos territoriales, equivalentes a más de un evento por semana, con un 81 por ciento de los casos caracterizados por omisión, provocaciones o mera administración gubernamental.

La criminalización (31 casos), el hostigamiento (29) y los homicidios (25) representaron el 73.6 por ciento de las agresiones. A pesar de esto, se registraron 149 acciones de resistencia. (PSR)