Xalapa, Ver.- A pesar de la oposición de pueblos originarios, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, informó que el gasoducto Coatzacoalcos–Salina Cruz es uno de los proyectos prioritarios de la paraestatal y continúa en pie. 

Este proyecto está a cargo de la empresa canadiense TC Energy y tiene el nombre “Puerta al Sureste”, la continuidad del proyecto fue confirmada esta mañana de martes, durante la conferencia matutina "La Mañanera" desde Palacio Nacional, encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. 

“La idea es poder gasificar todo el Pacífico, la parte de Chiapas, llevar hasta Guatemala la posibilidad del gas que actualmente no han tenido oportunidad”, señaló Rodríguez Padilla al detallar el plan operativo de Pemex.

El funcionario federal explicó que el gasoducto forma parte de una red estratégica que conectará con el sistema Mayakán, que abastece a la península de Yucatán. 

“Sabemos los problemas que hay de gas en la península de Yucatán. Queremos contribuir con la Comisión Federal de Electricidad (...) para poder llevar el gas y la electricidad a donde se necesite”, agregó.

COMUNIDADES CONTRA PROYECTO DE PEMEX

El 25 de junio del 2025, comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan promovieron un amparo ante un juez federal en Coatzacoalcos con el respaldo de Greenpeace, al señalar que no fueron consultadas y que la obra del gasoducto Coatzacoalcos–Salina Cruz representa un riesgo ambiental.

Para el 28 de junio, el juzgado desechó la demanda. Las comunidades interpusieron, el 7 de julio, un recurso de queja ante un tribunal colegiado.

“El Juzgado (...) decidió desechar nuestro juicio de amparo siendo omiso a nuestro planteamiento y desconociendo nuestro derecho a acceder a la justicia en materia ambiental”, denunciaron.

Greenpeace detalló que el amparo también va contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) por presunta violación al derecho a la autodeterminación y al uso del territorio marítimo indígena.

También solicitaron, como medida cautelar, detener el suministro de gas hasta que se compruebe científicamente que no habrá daño ambiental.

La obra, de 715 kilómetros y una inversión de 3 mil 900 millones de dólares, conecta Tuxpan, Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco. Tiene capacidad para transportar mil 300 millones de pies cúbicos de gas al día.

Además, el gasoducto comenzó operaciones en mayo tras concluirse en enero. Fue criticado por dividir la evaluación ambiental en dos manifestaciones —una terrestre y otra marina—, así como por omitir un arrecife en Tuxpan.