Córdoba, Ver.— Jorge Vega García fue sentenciado a 100 años de prisión por el secuestro y homicidio de su tío, el empresario dulcero Roberto Cruz García. El caso ocurrió en el municipio de Río Blanco, Veracruz, en 2020.

Un tribunal con sede en Veracruz puerto emitió el fallo en el que se determinó que Vega García actuó como autor intelectual y material del crimen. Además, se dio a conocer que varios de los responsables eran parientes de la víctima. 

Jorge se fugó tras asesinar a su tío

Tras el homicidio del empresario, Vega García huyó a Chicago, Estados Unidos, donde estuvo por más de un año. En abril de 2021, Jorge fue detenido y extraditado a México para dar seguimiento a la carpeta de investigación. 

La aprehensión se dio en trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, la Interpol y agentes del FBI, en atención a la solicitud de apoyo de las autoridades nacionales.

Tras la llegada de Jorge al país, permaneció recluido en el penal de Pacho Viejo, a la espera de un juicio. Después de más de cuatro años, el tribunal lo halló culpable de los cargos que se le imputaban, dictando 100 años de prisión.

Los familiares del empresario celebraron la sentencia, pues exigían todo el peso de la ley contra Vega García por los hechos de violencia contra su tío, Roberto Cruz García.

El caso de Roberto Cruz

La víctima, reconocida por su trayectoria en la industria de los dulces, fue secuestrada el 3 de febrero de 2020 por un comando. Tras las averiguaciones se confirmó que el grupo era encabezado por su sobrino, Jorge Vega García.

Durante el proceso judicial se confirmó que él y sus cómplices exigieron un pago de 20 millones de pesos por el rescate.

El cuerpo del empresario fue localizado enterrado en una vivienda cercana al río Blanco, en la colonia Paredón Viejo del municipio de Huiloapan, Veracruz. Vecinos de la zona hicieron el hallazgo el 8 de febrero de 2020.

El secuestro se le habría “salido de las manos” al grupo, por lo que habrían decidido asesinarlo para no ser descubiertos con la víctima privada ilegalmente de la libertad. 

Tras el reporte de los restos humanos a las autoridades, se registró un fuerte despliegue de corporaciones de auxilio de los tres niveles de gobierno, así como de peritos criminalistas de la fiscalía regional y autoridades ministeriales.