Niñas, niños y adolescentes son víctimas de delitos sexuales, especialmente en casos relacionados con la producción y distribución de pornografía infantil. Asimismo, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en este delito, advirtió María Fernanda Díez Torres, directora general de Justicia Ciudadana, defensora de los derechos de las víctimas del delito en México.

En entrevista para el programa Cuchara, Cuchillo, Tenedor, María Fernanda explicó que los delitos sexuales se presentan, en su mayoría, dentro del núcleo familiar, un espacio que debería ser seguro para las infancias, pero donde con mayor frecuencia se cometen estas agresiones.

“México es el primer país productor de pornografía infantil en el mundo. El 60 por ciento de ese contenido se genera en nuestro país”, denunció.

Además, alertó sobre la magnitud del problema, al denunciar que niñas y niños pueden sufrir acoso sexual.

“Ni siquiera estamos compitiendo con un segundo lugar. Cuatro de cada 10 niños varones sufrirán algún tipo de acoso sexual, y seis de cada 10 niñas están o estarán expuestas a este tipo de violencia. Esto quiere decir que de cada 20 menores 10 han sufrido o sufrirán algún tipo de abuso, y hablamos de edades que van desde los 4 hasta los 13 años”.

Aunque reconoció que existen avances en las escuelas para evitar el contacto físico entre maestros y estudiantes, señaló que el origen del problema muchas veces está en casa.

“Ya empezaron a legislar en las escuelas para evitar que el maestro siquiera toque a un niño. Ahora ni siquiera puedes decirle 'pobrecito' con una palmada, porque puede ser considerado acoso”, mencionó respecto a los nuevos lineamientos en centros educativos.

Díez Torres, licenciada en Economía y Derecho, también explicó que muchas niñas, víctimas de sexting o distribución de imágenes íntimas, optan por no presentar denuncias formales por miedo o por no querer que sus padres se enteren.

“Muchas niñas menores de edad no quieren ir a denunciar porque eso implica hacerlo acompañadas de su padre o tutor y prefieren callar”, señaló.

En estos casos, el equipo de Justicia Ciudadana opta por acuerdos extrajudiciales:

“Hacemos un convenio entre ambas partes, donde se acuerda que nadie compartirá más el contenido. Nosotros lo resguardamos y el menor implicado se compromete a eliminar las imágenes”.

Sin embargo, uno de los mayores retos es que, aunque el material haya sido compartido sin consentimiento, su eliminación no es inmediata ni garantizada.

“Con el gobierno de Estados Unidos, durante la administración de Trump, existía un programa que tardaba hasta un año en eliminar las imágenes si se comprobaba que fueron subidas sin consentimiento, pero ese programa desapareció”, lamentó.

Prevención escolar, pero con padres involucrados

Justicia Ciudadana ofrece pláticas preventivas en escuelas, aunque su objetivo es también involucrar a los padres de familia.

“Nuestro enfoque es con los alumnos, pero queremos que también se sumen los papás, porque estamos enfrentando un mundo completamente nuevo”, subrayó.

Uno de los casos más graves que han atendido surgió a raíz de una plática de prevención impartida en una escuela:

“Una niña se acercó y nos contó que su papá no la violaba directamente, pero obligaba a ella y a su hermanito, dos años menor, a tener relaciones sexuales de lunes a jueves, en vivo, mientras él cobraba a sus amigos por ver. Fue un caso muy fuerte”, señaló.

La asociación presentó la denuncia y, gracias a que la madre creyó a sus hijos y los respaldó, se logró justicia. El agresor fue sentenciado a 60 años de prisión y los menores recibieron atención psicológica.

Procesos judiciales largos y sin apoyo legal

Díez Torres explicó que los procesos judiciales suelen ser extensos, y una de las principales barreras es la falta de representación legal adecuada para las víctimas.

“Un juicio completo puede tardar, en promedio, dos años, aunque algunos duran más”, indicó.

A pesar de que la ley establece que la justicia debe ser gratuita y expedita, señaló que en la práctica esto no siempre se cumple. Por ello, muchas víctimas llegan a la asociación canalizadas directamente por el Ministerio Público.

“Muchas de las víctimas más lastimadas llegan a nosotros por recomendación del Ministerio Público”.

Finalmente, enfatizó que otro obstáculo para denunciar es la desinformación:

“La gente no sabe a dónde acudir ni qué hacer. En los medios vemos al juez, al juzgado, pero al Ministerio Público ni siquiera lo vemos reflejado en la televisión. Es una figura casi invisible”. (MCJ)