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IVAI queda oficialmente extinto; Contraloría asumirá funciones

  • Alba Alemán
Con el objetivo de garantizar una transición ordenada del IVAI, se ha conformado una Comisión de Transición especial.

Xalapa, Ver.– A partir de este martes 1 de julio, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) dejará de existir legalmente, conforme a lo establecido en la nueva Ley de Transparencia para el Estado de Veracruz.

Para garantizar una transición ordenada, se ha conformado una Comisión de Transición en materia de Transparencia, la cual tendrá un plazo de 30 días naturales para concretar el proceso de extinción y transferencia de funciones del IVAI.

Dicha comisión estará integrada por representantes de la Secretaría Ejecutiva del IVAI, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y la Contraloría General del Estado (CGE).

Esta última será la encargada de presidir y coordinar las acciones necesarias para asumir las facultades, obligaciones y recursos del organismo extinto.

Además, se informó que el Órgano Interno de Control del IVAI también será eliminado, y sus asuntos y procedimientos pasarán a la CGE en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

En cuanto a los expedientes y archivos del instituto, serán transferidos a la CGE, la cual podrá canalizarlos a otras autoridades competentes dentro de los siguientes 30 días naturales.

El Poder Ejecutivo del Estado dispondrá de 90 días naturales para realizar las modificaciones necesarias a los reglamentos y disposiciones vigentes, a fin de armonizarlos con la nueva ley. Por su parte, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionales autónomos y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) contarán con un plazo de 30 días naturales para ajustar su normativa interna.

Finalmente, los municipios veracruzanos deberán cumplir cabalmente con sus responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información, conforme lo establece el nuevo marco legal.

La desaparición del IVAI representa una reestructuración profunda en la política de transparencia del estado, cuyo objetivo —según las autoridades— es fortalecer el acceso a la información pública y garantizar una mayor rendición de cuentas.