El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ya pasó sus primeras noches en el penal federal ADX Florence en Colorado —considerado el centro de máxima seguridad más estricto de los Estados Unidos— este fin de semana.

Conocido como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, el penal federal ADX Florence alberga también a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán y demás criminales de alto perfil; extremadamente peligrosos o con alto riesgo de fuga.

Genaro García Luna —sentenciado en octubre de 2024 a 38 años y cuatro meses de prisión por narcotráfico, crimen organizado y falsedad en declaraciones— no comenzó su condena en Colorado, sino con un breve periodo en la penitenciaría de Lee, en el estado de Virginia.

Las condiciones en el penal federal ADX Florence son severas: los internos permanecen 23 horas al día en celdas individuales de concreto de apenas siete metros cuadrados, con acceso limitado al exterior y comunicación mínima con el mundo exterior.

Los compañeros de lujo de García Luna: terroristas

En ADX Florence, Genaro García Luna compartirá espacio con otros reclusos como el terrorista Zacarías Moussaoui, involucrado en los ataques del 11 de septiembre de 2001, y el asesino serial Michael Swango.

Las condiciones de reclusión en este penal fueron denunciadas por organizaciones de derechos humanos por trato cruel e inhumano, debido al aislamiento prolongado al que someten a los internos.

El exsecretario, identificado con el número de registro 59745-177, saldría de prisión hasta junio de 2052, cuando cumpla 83 años. Aunque su defensa aún trabaja en una apelación, su traslado a ADX Florence complica la comunicación con sus abogados.

Los delitos de García Luna

El secretario de seguridad durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) recibió durante años sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las investigaciones del Departamento del Tesoro estadounidense vincularon a Genaro García Luna con operaciones de lavado de dinero por más de 40 millones de dólares.

Los fondos, presuntamente provenientes del Cártel de Sinaloa, fueron movilizados a través de instituciones financieras mexicanas entre 2013 y 2019. (JRLM)