Xalapa, Ver.– Con 37 votos a favor y 8 en contra, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que extingue al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), transfiriendo sus funciones a la Contraloría General del Estado y a los órganos de control interno del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

La reforma fue promovida por la gobernadora Rocío Nahle García, quien argumentó que los organismos autónomos, creados con la intención de fortalecer la transparencia no han generado mejoras tangibles y han derivado en altos costos operativos y duplicidad de funciones.

Las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldaron la iniciativa, mientras que diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, al considerar que representa un retroceso en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Durante la discusión en el pleno, la diputada morenista Lucía Begoña Canales defendió la reforma al señalar que esta responde a una lógica de "racionalidad administrativa, austeridad y eficiencia". Aseguró que, aunque el IVAI desaparece, los derechos de la ciudadanía se mantienen intactos: “Se extingue el Instituto, sí, pero no se elimina el derecho”.

El dictamen, elaborado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, señala que la reforma se realiza en armonía con la Ley General de Transparencia, publicada el 20 de marzo de 2025. Se establece que los registros, padrones, sistemas informáticos y claves de acceso serán transferidos a la Contraloría General del Estado.

En cuanto a los derechos laborales del personal del IVAI, el decreto asegura que serán respetados conforme a la legislación vigente. Canales enfatizó que los trabajadores “se integran a una nueva etapa institucional” y que “se garantiza la integridad de los datos y la operatividad de los mecanismos de acceso a la información”.

Por su parte, el diputado del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, defendió la medida como parte de una transformación administrativa: “No se trata de ocurrencias locales, sino de una adecuación responsable que busca optimizar recursos públicos”, afirmó. Añadió que los derechos a saber, a preguntar y a proteger los datos personales de los ciudadanos no se verán afectados.

Sin embargo, la oposición manifestó su rechazo, al considerar que la reforma debilita los contrapesos institucionales y vulnera los principios de transparencia. El diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, acusó que la iniciativa fue aprobada sin consultar a la ciudadanía ni a todos los integrantes del Congreso: “Veracruz vive una etapa de eliminación de contrapesos institucionales”, advirtió.

En términos más contundentes, el priista Héctor Yunes Landa calificó la reforma como “la milla verde” y acusó que “nos están robando el derecho a saber la verdad”. Señaló que la extinción del IVAI responde a una "cólera presidencial", relacionada con casos como “la Casa Gris” y el presunto plagio de tesis por parte de una ministra de la Suprema Corte.

En el ámbito estatal, afirmó que la intención es frenar el acceso a información sobre presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Cuitláhuac García, que, según dijo, han sido documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero no han sido investigados localmente.

Tras la aprobación del dictamen, el Congreso tiene un plazo de 70 días naturales para adecuar las leyes secundarias. El IVAI dejará de existir una vez que entre en vigor la nueva legislación.