El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya aceptó la renuncia de Pedro Alberto Velázquez Castro, exencargado de Seguridad y Resguardo del Patrimonio Cultural, debido al cierre intempestivo de los distintos museos de la Ciudad de México (CDMX).

Fue la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien exhortó al director del INAH, Diego Prieto Hernández, a que aceptara la dimisión del ahora exfuncionario.

Esto porque las puertas de icónicos museos de la capital del país como el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Antropología —entre otros— cerraron desde el 4 de junio por falta de guardias.

Ante ello, y junto a la solicitud de aceptar la renuncia, Curiel de Icaza también instruyó a activar procedimientos administrativos que permitan la Policía Auxiliar custodie los recintos afectados para su reapertura.

Por esto cerraron los museos de la CDMX

El cierre sucedió porque el INAH sustituyó a la Policía Auxiliar —que por 30 años resguardó los museos capitalinos— por dos empresas privadas a través de una licitación, pero estas incumplieron sus deberes y la dependencia prescindió de su servicio.

Las compañías son SSS Asistencia y Supervisión S.A. de C.V. y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada S.A. de C.V., mismas que no contaban con elementos suficientes para la operación requerida.

Esta falta de personal de vigilancia trajo una consecuencia: el cierre de todos los recintos.

“El patrimonio nacional no se pondrá nunca en riesgo”, declaró Curiel de Icaza en comunicado, donde informó sobre toda la situación y en el que renunció a Pedro Alberto Velázquez Castro.

En su mensaje ella aseguró que la salvaguarda cultural es prioridad del Estado. El director del INAH reveló en entrevista para Milenio que el cambio en la seguridad de los museos fue obligatorio debido a la Ley de Adquisiciones que se modificó en abril de 2025.

La reforma a esa ley exige estudios de mercado para justificar la contratación de servicios públicos, como los que ofrecía la Policía Auxiliar a los recintos culturales.

“Su costo estaba 16 millones por encima del promedio”, explicó Prieto, razón por la que recurrieron a licitación pública.

Pero las empresas que ganaron el contrato lo incumplieron.

El Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Cultura denunció que los nuevos guardias no eran suficientes ni estaban capacitados. Tampoco llegaban puntuales a los recintos.

Prieto Hernández advirtió que por el incumplimiento podrían aplicarse sanciones económicas, rescisión parcial o total del contrato, e incluso impedir la formalización del mismo puesto que aún no vencía el plazo legal de 15 días para hacerlo luego del fallo.