Xalapa, Ver.- Diez ediles del Cabildo de Álamo Temapache solicitaron formalmente al Congreso del Estado un juicio político contra la presidenta municipal, Blanca Lilia Arrieta Pardo, por presunto abandono del cargo, abuso de autoridad y otras irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

En un documento dirigido a la Comisión de Gobernación, los regidores argumentan que la alcaldesa ha salido del país en al menos cinco ocasiones durante el último año sin dejar a un encargado en funciones, lo que —aseguran— pone en riesgo la gobernabilidad del municipio.

La denuncia fue presentada el 14 de mayo, ratificada el 19 y turnada el 27 del mismo mes a las comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local, conforme al artículo 132 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y al artículo 18 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz.

Irregularidades señaladas

Los ediles detallan que en sus ausencias, la presidenta municipal no ha designado formalmente a una persona que la sustituya, incluso en periodos que han superado los cinco días. También afirman que ha suscrito convenios con organismos internacionales sin consultar ni someter el asunto a votación del Cabildo.

“Tomó la decisión —cuyo fundamento desconocemos— de suscribir convenios (…) sin contar con la autorización del Cabildo que representamos”, indicaron los regidores en el escrito.

Además, denuncian que existen quejas ante la Contraloría Municipal por ejercer violencia laboral y política, principalmente contra trabajadoras del Ayuntamiento. “Ha desplegado una conducta de constante violencia, abuso y acoso laboral en contra de los trabajadores, la mayoría mujeres”, señalaron.

Obstaculización del Cabildo y censura a medios

Los regidores acusan también que la alcaldesa impide la convocatoria y realización de sesiones de Cabildo, delegando esta función en otros funcionarios que no cuentan con facultades para ello. Asimismo, denunciaron que se ha restringido el acceso público a dichas sesiones, lo que consideran una violación al derecho a la información y a la libertad de prensa.

“Sistemáticamente impide que las sesiones de Cabildo sean públicas, trastocando con ello también los derechos de los comunicadores a informar a la sociedad”, agregaron.

Despidos arbitrarios

Otra acción señalada por los ediles fue el despido reciente de personal de la Tesorería municipal, supuestamente por negarse a realizar pagos no autorizados por el Cabildo.

“El pasado 2 de junio despidió a la contadora de la Tesorería y a otros tres profesionistas contables”, informaron.

Solicitan su destitución

Ante estos hechos, los ediles solicitaron al Congreso la remoción de Blanca Lilia Arrieta Pardo del cargo de presidenta municipal, con el argumento de que sus acciones y omisiones están generando un daño institucional que, de continuar, podría volverse irreversible.

“Nos vimos en la imperiosa necesidad de presentar esta denuncia de juicio político para evitar que los daños se multipliquen y sean irreparables”, concluyeron.