Xalapa, Ver.— Por la muerte de una mujer adulta mayor el 3 de septiembre de 2023, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue acreedor a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Según la recomendación 69/2025, la queja se presentó por omisiones e incumplimiento en contra del personal de salud de la Unidad de Medicina Familiar número 57 (UMF 57) y el Hospital General de Zona número 71 (HGZ 71).

El comunicado de la CNDH fue enviado a la Dirección General del instituto, especificando omisiones y diagnósticos inadecuados del personal médico de dos de las sedes del IMSS ubicadas en el puerto de Veracruz.  

Como medidas de reparación, Derechos Humanos recomendó al instituto que la paciente de identidad resguarda Q. V., y su familiar, sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que el familiar acceda a apoyos.

Además, la comisión pidió atención psicológica y/o tanatológica gratuita para el familiar. También solicitó colaboración en la vista administrativa que la CNDH presentará ante el Órgano Interno de Control del IMSS contra los médicos señalados. 

El caso

La CNDH documentó violaciones a los derechos humanos, a la protección, a la salud, a la vida, al trato digno de la paciente Q. V. y al acceso a la información en materia de salud para un familiar, específica puntualmente la recomendación. 

De acuerdo con el informe, la paciente contaba con múltiples padecimientos crónicos, incluyendo cáncer de ovario con recurrencia desde 1987 y 1997, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y un trastorno afectivo. 

Desde diciembre de 2022, presentaba diarrea, síntoma que persistió durante 2023. De acuerdo con la CNDH, entre marzo y agosto de 2023 la adulta mayor acudió a la UMF 57, donde la atención fue “inadecuada”. 

El 18 de julio de 2023, una doctora registró que Q. V. acudía por “diarrea recurrente de siete meses de evolución”, los estudios mostraron “alteración de la función renal”. Tres días después, la misma doctora “omitió plasmar datos sobre el interrogatorio y exploración física”. 

El 27 de agosto de 2023, la adulta mayor regresó a la Unidad Médica Familiar número 57 y fue enviada al servicio de Urgencias del HGZ 71 por inestabilidad hemodinámica y pérdida de peso. A su ingreso, la médica no registró signos vitales.

A pesar de que los estudios reportaron “hiperglicemia significativa y falla renal”, la médica la dio de alta. Indicó que la paciente estaba “bioquímicamente dentro de parámetros normales, sin desequilibrio hidroelectrolítico, sin criterios de hospitalización”. 

La experta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refirió que “por sí mismo, el valor tan elevado de glucosa (756 mg) era un criterio de hospitalización”.

Se concluyó que la médica omitió analizar o interpretar los niveles alterados de urea y creatinina, no diagnosticó el daño renal y no proporcionó un manejo adecuado al síndrome diarreico. 

Determinó que “la valoración y manejo de la paciente durante esta estancia en el servicio de Urgencias del Hospital General de zona No. 71 fueron deficientes”, que “el egreso fue inadecuado”, y que esto “contribuyó al deterioro en su estado de salud”.

Q. V. reingresó a Urgencias del HGZ 71 el 1 de septiembre de 2023. Entonces, los médicos que la atendieron en los días siguientes “fueron omisos al no documentar de forma completa y adecuada la información”. 

Las omisiones “se traducen en incumplimiento de los médicos del servicio de Urgencias a lo establecido en la GPC Diagnóstico y Tratamiento de la de Sepsis Grave y Choque Séptico en el Adulto”. 

“Todas esas omisiones e incumplimiento identificados durante las dos últimas hospitalizaciones... se relacionan directamente con el fallecimiento QV ocurrido el 03 de septiembre de 2023”.