Poza Rica, Ver.- La nueva Ciudad Judicial de Poza Rica no tiene capacidad para operar los juzgados Segundo de Primera Instancia ni los Cuarto y Octavo en materia familiar, denunciaron abogados de la región norte de Veracruz.

“El edificio en cuestión no es funcional, espacioso ni eficiente, ya que fue diseñado para otro fin, como lo es el uso de las salas de juicios orales”, afirmaron en un escrito dirigido a la gobernadora Rocío Nahle y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Jiménez Aguirre.

Señalaron que actuarias laboran junto al cuarto de telecomunicaciones, lo que las expone a cambios bruscos de temperatura tras realizar diligencias bajo el sol, con riesgo de “shock térmico”.

EXPEDIENTES EN BAÑOS

Los expedientes, dijeron, se almacenan en baños y escaleras; proyectistas trabajan bajo escaleras; los sanitarios están fuera de servicio; y no hay extintores, salidas de emergencia ni red hidráulica.

El inmueble se encuentra en la colonia División de Oriente y fue inaugurado con una inversión de 66 millones 965 mil pesos, aunque la tercera etapa sigue inconclusa.

Los abogados pidieron construir una sede conforme al proyecto tipo A, como el de Coatzacoalcos, donde se invirtieron casi 100 millones de pesos. Ambos municipios fueron clasificados con las mismas necesidades en el análisis costo-beneficio de 2018.

Advirtieron que las audiencias se celebran en espacios reducidos, con litigantes de pie o sentados en el suelo, y sin condiciones de protección civil.

“La constructora optó por realizar una fosa séptica”, indicaron. En abril, se propuso habilitar esa área como juzgado, lo cual fue rechazado por riesgos sanitarios. Agregaron que el baño para personas con discapacidad se usa como bodega.

“Las personas no tienen dónde acudir a satisfacer una necesidad fisiológica”, añadieron. Exigieron reubicar de inmediato los tres juzgados a un espacio adecuado.

También solicitaron transparentar el contrato de arrendamiento del edificio anterior, ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, y el monto de la renta, que cesó tras la circular 13 del 21 de marzo de 2025.

CANCELARON OBRA 

La obra fue adjudicada a Rawen Ingeniería S.A. de C.V., tras declararse desierta una primera licitación. La empresa, creada en 2014, fue la única que cumplió con los requisitos en la segunda convocatoria.

Rawen ha recibido 13 contratos entre 2020 y 2022 por 150 millones de pesos de dependencias estatales. Sus socios, Fermín Méndez Ruíz y Emanuel Méndez León, también figuran en otras dos compañías.

El fallo fue avalado por la Comisión de Aprovisionamiento del Poder Judicial y la Unidad de Licitación. El proyecto se financió con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

En 2018, bajo la presidencia del magistrado Edel Álvarez Peña, se firmó un contrato por 5 mil 916 millones de pesos para construir 21 ciudades judiciales bajo el esquema de pago por servicios.

El plan contemplaba mil 300 millones en obra y 462 millones en mantenimiento. El contrato fue cancelado en 2022 por falta de recursos y las obras fueron reasignadas mediante nuevos procesos de licitación.