Tlapacoyan, Ver.— Para evitar la instalación de hidroeléctrica, grupos de ambientalistas interpusieron un amparo. El proyecto sería ubicado en el río Nixtamalapa, Jalacingo, municipio de Veracruz.

No es la primera vez que se interpone una medida legal para evitar esta construcción. Desde 2008 se tramitó el primer amparo, seguido de otros más que a la fecha ya fenecieron. 

Actualmente, las compañías interesadas retomaron acciones legales con la finalidad de reactivar los trabajos en el afluente.

Entre las compañías destaca la Hidroeléctrica Impulsa Generación Responsable (IGR). Esta empresa retomaría el proyecto, denunciaron los integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

En 2008, la empresa gestionó y obtuvo los permisos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En 2010, una medida legal detuvo los trabajos.

 
La compañía insistió en retomar la construcción de la hidroeléctrica en 2012, “ahora, en esta región, los compañeros están muy preocupados por el río Bobos–Nautla”.

La diligencia oficial del nuevo proceso legal se realizará el próximo mes de mayo. Al lugar, acudieron abogados especialistas en derecho ambiental para llevar a cabo una inspección ocular.

También dieron a conocer que desde 2014 trabajan en un nuevo amparo para la protección del río para que garantice que las comunidades van a seguir teniendo agua en la región central–norte de la entidad veracruzana.

Hasta mayo, un actuario, comisionado por el juez federal, llevará a cabo una inspección ocular como parte del procedimiento de desahogo de pruebas. 

Con base en la inspección, el tribunal decidirá si concede o niega el amparo a la empresa solicitante. Al respecto, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas han reiterado su oposición al proyecto. 

Quienes están en contra de la hidroeléctrica recordaron que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Boca del Río, Veracruz, falló a favor de los pueblos indígenas de la región.

Fue en años anteriores, mediante el amparo 1697/2014, el cual estableció que, ante la duda, debe prevalecer la protección del medio ambiente.

Este principio permitió revertir una resolución anterior que desestimaba los posibles daños ecológicos del proyecto. Además, logró suspender la construcción y operación de tres minicentrales hidroeléctricas en la zona.

Los activistas denuncian que, pese a las resoluciones, las amenazas persisten. Ellos advierten que el nuevo proceso judicial podría abrir la puerta nuevamente a las hidroeléctricas. 

“Muchas personas piensan que esto es mentira o simplemente un tema político, pero no es así. La amenaza es real y seguiremos en pie de lucha”, señalaron.

La resistencia continúa, en defensa de los recursos naturales, el territorio y los derechos de las comunidades que podrían verse afectadas por estos proyectos energéticos.