Xalapa, Ver.- Al menos cinco ex alcaldes que aspiran a ser candidatos en las elecciones del 2 de junio tienen observaciones pendientes que aún no han sido solventadas, señaló la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos.

En entrevista, indicó que estos ex funcionarios buscan postularse por algún partido o coalición y, de no solventar los pendientes, podrían ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) o el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).

“Por los nombres que se manejan, yo he detectado por ahí unos cinco que tienen temas pendientes y que sabemos que son aspirantes. El partido político no lo he advertido porque eso no puedo saberlo y luego cambia, pero tienen temas pendientes con nosotros”, explicó.

Entre ellos, confirmó que uno de los que tienen aclaraciones pendientes es el ex alcalde de Medellín de Bravo, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano en 2024 y ahora ha sido nombrado candidato en Alvarado por Morena, Polo Deschamps.

Al respecto, la auditora indicó que el tema del Orfis no será politizado en estas elecciones, pero, como organismo autónomo, continuarán haciendo su trabajo.

“Tenemos que seguir trabajando en Orfis, no podemos detenernos. Seguimos integrando expedientes y, en los casos en los que advertimos que no hay una sola actuación a pesar de nuestros requerimientos, esas ya van encaminadas al Tribunal o hacia la Fiscalía. No podemos dejar de actuar”, añadió.

El proceso de solventación y la necesidad de reformas

La auditora general del estado explicó que los funcionarios tienen siete años para llevar a cabo el proceso de solventación de cuentas, tal como lo marca la ley federal.

Por ello, reconoció que, al ser tan extenso el plazo, muchos ex funcionarios no han resarcido los daños. En este sentido, señaló que sería necesario realizar modificaciones legales desde el Congreso de la Unión.

“Al tratarse de un delito como incumplimiento de un deber legal, no es un delito grave hasta este momento. También es importante que sea la Fiscalía General del Estado (FGE) la que conozca del asunto. La FGE cuida mucho que, como el recurso ejercido es normalmente federal, el caso tendría que ser llevado a instancias federales. Nosotros también cuidamos que no se traslade a esas instancias para que pueda haber una sanción inmediata aquí”, explicó.

Finalmente, González Cobos insistió en que el marco jurídico vigente establece un plazo de siete años, y que cualquier cambio en los tiempos de fiscalización debería modificarse desde la Ley Federal, ya que es la que actualmente rige estos procedimientos.