Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del estado de Veracruz presentó dos denuncias contra exfuncionarios de la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez por irregularidades en dos fideicomisos.

“Hemos presentado denuncias, sí, tenemos al menos dos presentadas de algún fideicomiso que no han podido aclarar algunas irregularidades, esas observaciones que quedaron pendientes”, declaró la auditora general del estado, Delia González Cobos.

Explicó que la Secretaría de Salud es una de las dependencias con mayor número de observaciones en la Cuenta Pública 2023, e incluso tiene informes pendientes por aclarar desde 2017.

“En Salud hemos estado haciendo los señalamientos en cada entrega que hacemos, con los informes de seguimiento y los pendientes que no se han aclarado. En esos hemos coincidido casi cada año en temas de salud”, señaló.

Añadió que también se detectaron irregularidades en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa).

Según la última revisión del Orfis, las inconsistencias en estas dependencias suman aproximadamente 180 millones de pesos.

“Nosotros les damos 15 días a partir de que requerimos la documentación, pero si advertimos que falta información, volvemos a requerirla. La ley establece un plazo de hasta siete años para solventar observaciones”, explicó la auditora.

Sobre el proceso de auditoría, González Cobos aclaró que el Orfis y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisan rubros distintos, aunque en algunos casos coinciden.

“Cuando la ASF emite su programa de auditoría, si coincidimos en algún rubro, nosotros nos abstenemos de revisar esa parte y priorizamos otra. Por eso, a veces no hay coincidencia en los resultados. Sin embargo, cuando emitimos un resultado, vamos más allá de lo que la ASF presenta, porque la auditoría federal aún debe valorar la documentación aclaratoria”, comentó.

Finalmente, González Cobos recordó que desde 2017 se han señalado casos que fueron turnados a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Cuando los expedientes no son atendidos en tiempo y forma, salen de nuestra esfera de competencia y quedan en manos de la fiscalía”, concluyó.